Powers contra McDonough

Exigir responsabilidades a la Administración de Veteranos por no proporcionar vivienda y asistencia sanitaria a los veteranos discapacitados

Durante décadas, el Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA) ha incumplido su deber de proporcionar vivienda y asistencia sanitaria a los veteranos que han luchado en guerras, han defendido las libertades estadounidenses y han hecho enormes sacrificios personales. Además, el VA se ha negado a proporcionar viviendas y servicios adecuados en su extenso campus de 388 acres en el oeste de Los Ángeles, un terreno donado al VA en 1888 específicamente para crear un hogar para veteranos con discapacidades. Como resultado de los fracasos de la VA, casi 4.000 veteranos se encuentran sin hogar en Los Ángeles en una noche cualquiera, lo que representa el 10% de todos los veteranos sin vivienda en todo el país. 

En noviembre de 2022, catorce valientes veteranos sin hogar y la Fundación Nacional de Veteranos presentaron una demanda contra el gobierno federal por no proporcionar vivienda y asistencia sanitaria a los veteranos con discapacidades. Todos los veteranos que interponen esta demanda sufren graves discapacidades, como TEPT y lesiones cerebrales traumáticas. Pretenden conseguir servicios coordinados de vivienda y atención sanitaria, o viviendas de apoyo permanente (PSH, por sus siglas en inglés), para todos los veteranos sin vivienda de Los Ángeles. 

Cuando los veteranos regresan del servicio, muchos se enfrentan a consecuencias desalentadoras para toda la vida, como depresión, enfermedades mentales graves, trastorno de estrés postraumático, lesiones cerebrales traumáticas y adicción. Estos problemas hacen que innumerables veteranos sean incapaces de reanudar plenamente su vida civil, mantener relaciones familiares, conservar un empleo, proseguir sus estudios o incluso conservar una residencia permanente. Sin servicios coordinados de vivienda y atención sanitaria, los veteranos con discapacidades importantes no pueden acceder a los servicios de tratamiento mental y físico a los que tienen derecho y que necesitan desesperadamente.

El exuberante campus de 388 acres de West LA fue donado al VA en 1888 para proporcionar vivienda y asistencia sanitaria a los veteranos. Pero el VA no ofrece, ni en sus terrenos ni dentro de su área de servicio, nada que se acerque a una Vivienda de Apoyo Permanente adecuada y coordinada con los servicios médicos, de salud mental y otros servicios de apoyo que necesitan los veteranos con enfermedades mentales graves o lesiones cerebrales en sus terrenos o dentro de su área de servicio. En su lugar, la VA ha firmado contratos ilegales de arrendamiento de los terrenos, que incluyen campos deportivos y aparcamientos para un exclusivo colegio privado, un complejo de béisbol de última generación para la UCLA y perforaciones petrolíferas para extraer petróleo de los terrenos vecinos. El propio inspector general de la VA ha dejado claro que estos arrendamientos son contrarios tanto a sus obligaciones legales como a la intención de los contribuyentes de nuestra nación.

Más de 4.000 veteranos solían llamar hogar al VA WLA y, en el momento de la presentación de la demanda, había menos de 50 unidades de vivienda permanente en toda la propiedad. La construcción de viviendas se retrasa continuamente, se da prioridad a proyectos de construcción no relacionados con la vivienda y el VA sigue arrendando ilegalmente terrenos destinados a alojar a veteranos, incumpliendo la ley.

En 2011 se interpuso una demanda para hacer frente a la discriminación por discapacidad de estos veteranos e impugnar los acuerdos de uso del suelo y la supuesta violación de la escritura. Aunque el VA se comprometió a construir 1.200 unidades de nuevas viviendas de apoyo permanente -770 de las cuales deberían haberse completado ya-, prácticamente no se ha construido ninguna vivienda de apoyo hasta 2022. En 2017 se firmaron contratos de arrendamiento para 55 unidades. Desde entonces, se han iniciado 387 unidades, pero en el momento de la presentación de la demanda, ninguna se había completado.

La demanda de 2022 exige que el VA cumpla sus compromisos de proporcionar Viviendas de Apoyo Permanente adecuadas para que los veteranos con discapacidades puedan acceder a las prestaciones sanitarias y de vivienda a las que tienen derecho. También solicita una orden judicial que prohíba al VA suscribir acuerdos de uso del suelo que no "beneficien principalmente a los veteranos" y violen el fideicomiso benéfico creado en nombre de los veteranos con discapacidades.

El 15 de mayo de 2023, los demandantes presentaron una demanda enmendada, persiguiendo una acción colectiva contra el VA en nombre de todos los veteranos sin hogar que residen en el condado de LA. Además, la demanda fue ampliada ya que el VA continúa fallando a los veteranos, forzándolos a las calles. La demanda enmendada incluyó como demandados a Marcia L. Fudge, Secretaria del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), y a Douglas Guthrie, Presidente y Director General de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles (HACLA). 

Los demandantes están representados por Public Counsel, Inner City Law Center y los bufetes de abogados Brown, Goldstein & Levy y Robins Kaplan LLP.

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