Nuestra lucha por la justicia y la igualdad de protección continúa
Ayer, el Tribunal Supremo de Estados Unidos accedió a la solicitud del Gobierno federal de suspender una orden de restricción temporal (TRO) que había protegido a las comunidades de Los Ángeles de controles de inmigración ilegales basados únicamente en la raza, el idioma, la ubicación o la ocupación. Esta decisión elimina protecciones fundamentales y da luz verde a los organismos federales —incluido el Departamento de Seguridad Nacional— para reanudar las redadas que dos tribunales inferiores consideraron inconstitucionales en el caso Vásquez Perdomo contra Noem.
Los tribunales de primera instancia habían prohibido a los agentes de inmigración detener y retener a personas por el color de su piel, el idioma que hablan, el hecho de encontrarse en el lugar equivocado o por desempeñar determinados trabajos. Estas no son razones que justifiquen una «sospecha razonable», sino excusas para discriminar.
Tal y como escribió la jueza Sonia Sotomayor en su opinión disidente:
«No deberíamos tener que vivir en un país en el que el Gobierno pueda detener a cualquiera que tenga aspecto latino, hable español y parezca tener un trabajo mal remunerado. En lugar de quedarme de brazos cruzados mientras se pierden nuestras libertades constitucionales, discrepo».
Para demasiadas personas de nuestra ciudad, estas redadas suponen sufrir acoso, ser objeto de persecuciones y verse separadas de sus seres queridos simplemente por ser quienes son. La decisión del Tribunal Supremo no hará más que agravar el miedo y la incertidumbre en nuestras comunidades, haciendo que la vida cotidiana sea aún más peligrosa e impredecible para la gente corriente que solo intenta seguir con su día a día.
Aunque esta resolución supone un duro golpe para la seguridad y la dignidad de nuestra comunidad, no pone fin a nuestra lucha, y nuestro caso seguirá adelante. El 24 de septiembre volveremos al tribunal federal para solicitar medidas cautelares que nos garanticen protecciones más permanentes frente a estas redadas ilegales y que aseguren el acceso a asistencia letrada para las personas detenidas en el B-18, el centro de detención situado en el sótano del edificio federal del centro de la ciudad.
Tal y como explicó Rebecca Brown, de Public Counsel —una de las abogadas principales de este caso—, en nuestra rueda de prensa:
«Esta lucha está lejos de haber terminado. Estamos trabajando en los tribunales, en nuestros barrios y en solidaridad con todo el país para asegurarnos de que esta decisión no sea la última palabra. No nos detendremos hasta que la promesa de igualdad de protección que recoge nuestra Constitución se aplique a todas las personas de nuestra comunidad, y seguiremos trabajando hasta que todos los angelinos puedan vivir con seguridad, dignidad y libertad».
Agradecemos a nuestros clientes, socios y defensores su apoyo, y mantenemos firme nuestro compromiso con la justicia para todos los angelinos y para nuestro país.
- Lee nuestro comunicado de prensa aquí.
- Para más información sobre el caso Vásquez-Perdomo contra Noem, haz clic aquí.
Mira las declaraciones de Rebecca Brown en la rueda de prensa:
