Public Counsel y una coalición de bufetes de abogados y grupos de defensa lograron una importante victoria legal el viernes por la noche cuando el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito negó decisivamente el intento del gobierno federal de pausar las protecciones críticas que aseguramos a través de una Orden de Restricción Temporal (TRO) el mes pasado. Este fallo afirma las salvaguardias críticas contra las redadas de inmigración inconstitucionales y las prácticas de detención y arresto llevadas a cabo por la administración Trump en Los Ángeles.
El Tribunal confirmó nuestra TRO, afirmando la conclusión del tribunal de distrito de que las redadas de inmigración de la administración Trump en Los Ángeles probablemente han violado las protecciones de la Cuarta Enmienda contra incautaciones irrazonables. En su fallo, el Noveno Circuito rechazó explícitamente los argumentos del gobierno de que los funcionarios de inmigración podrían dirigirse legalmente a los miembros de la comunidad basándose únicamente en la raza, el origen étnico, el idioma, la ubicación o la ocupación.
Esta victoria legal representa otro hito en nuestra histórica demanda colectiva, presentada a principios de julio, para impugnar las prácticas inconstitucionales de detención y arresto del gobierno federal y la denegación del derecho al debido proceso a los miembros de la comunidad detenidos en B-18, un centro de detención en el sótano del edificio federal en el centro de Los Ángeles, donde muchos han estado detenidos en condiciones crueles y coercitivas sin comida adecuada, higiene o incluso camas. El gobierno no impugnó una segunda orden de restricción temporal que exige que las personas detenidas en B-18 tengan acceso a asistencia letrada.
El caso fue presentado por cinco residentes individuales y cuatro organizaciones de defensa - Los Angeles Worker Center Network, United Farm Workers, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), y Defensores de Inmigrantes Law Center (ImmDef). Public Counsel se unió a nuestro abogado pro bono Hecker Fink LLP, la ACLU del Norte y Sur de California, CHIRLA, ImmDef, UC Irvine School of Law Immigrant and Racial Justice Solidarity Clinic, y otros grupos de inmigración y derechos civiles y abogados.
Estamos preparados para una lucha sostenida en defensa del Estado de Derecho y para proteger la justicia, la dignidad y los derechos constitucionales de todos los angelinos. Agradecemos profundamente el apoyo y la solidaridad de nuestra comunidad y socios en este esfuerzo crítico.
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