Defensa de la dignidad y los derechos de los inmigrantes detenidos

Desde principios de 2025, las comunidades de inmigrantes en Estados Unidos viven bajo asedio. Las familias han soportado redadas masivas ilegales en sus barrios y han visto cómo sus seres queridos desaparecían en un sistema de detención en el que se permite que persistan condiciones abusivas e ilegales y en el que la rendición de cuentas ha desaparecido. En el sur de California, miles de personas son conducidas al Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto, uno de los mayores centros de detención de inmigrantes del país, tras ser detenidas en redadas de inmigración. 

Todas las personas, independientemente de su origen, condición social o color de piel, merecen ser tratadas con humanidad y dignidad. Pero dentro de Adelanto, las personas están sometidas a condiciones que se considerarían abusivas en casi cualquier otro entorno. A los detenidos se les niega habitualmente la atención médica urgente: las solicitudes de tratamiento se ignoran, se retrasan o se desestiman por no considerarse lo suficientemente graves como para merecer atención. Un hombre perdió la punta de un dedo y no recibió tratamiento durante meses. A otro, que padece epilepsia, se le niega el acceso regular a la medicación y sufre repetidas convulsiones sin recibir una respuesta médica oportuna. 

Las personas con discapacidad son descuidadas y abandonadas. Los detenidos de edad avanzada con movilidad reducida se ven obligados a subir escaleras para dormir en literas superiores, con el riesgo de sufrir lesiones graves, ya que se les niegan las adaptaciones básicas. Al menos dos personas han fallecido bajo custodia, lo que plantea serias dudas sobre si se les proporcionó la atención adecuada. 

Las condiciones en Adelanto son insalubres y peligrosas. Hay moho en las paredes. En los dormitorios se han producido brotes de enfermedades contagiosas que han obligado a hospitalizar a varias personas. Los reclusos se ven obligados a vivir entre la suciedad, el hambre y el frío: la comida es insuficiente y, en ocasiones, está en mal estado; el agua potable parece sucia y tiene mal sabor, y las finas mantas no son suficientes para abrigarse. Cuando los detenidos protestan por las condiciones o alzan la voz, se enfrentan a represalias y castigos, incluido el aislamiento. Esto es cruel y degradante, y es ilegal. 

Adelanto tiene un largo y bien documentado historial de condiciones inseguras y abusivas, y ha sido objeto de repetidas investigaciones y condenas públicas. Sin embargo, en menos de un año, las redadas masivas del gobierno federal hicieron que la población detenida en Adelanto pasara de solo tres personas a casi dos mil, sin personal suficiente, infraestructura médica adecuada ni garantías básicas para proteger la salud y la seguridad. Un miembro del personal con mucha antigüedad advirtió que el aumento era «peligroso», y los inspectores estatales confirmaron esos temores, describiendo condiciones «alarmante» y documentando abusos y negligencia hacia los detenidos con discapacidades, comparando el trato a los seres humanos con el de «perros en jaulas». Gestionado por la empresa privada con ánimo de lucro GEO Group, Adelanto es un ejemplo de un sistema en el que se monetiza el confinamiento humano y el incentivo es mantener a las personas detenidas en lugar de seguras.  

El 26 de enero de 2026, cuatro personas actualmente detenidas en Adelanto presentaron una demanda colectiva en nombre de todas las personas que están o estarán detenidas allí, junto con la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA). La demanda busca poner fin a las condiciones ilegales y peligrosas en Adelanto y garantizar protecciones exigibles, incluyendo atención médica adecuada, adaptaciones para discapacitados, condiciones seguras y sanitarias, y una supervisión significativa. 

La Constitución no se detiene a las puertas de un centro de detención, y estar bajo custodia no priva a nadie del derecho a la atención médica básica, al trato humano o a la dignidad. Protege a todas las «personas», incluidos los inmigrantes y los detenidos, del trato cruel, la indiferencia deliberada ante las necesidades médicas y las condiciones punitivas de reclusión. La detención no puede significar anarquía, y nadie debe ser encerrado, mercantilizado u obligado a soportar traumas simplemente por buscar seguridad u oportunidades.