Exigir responsabilidades a ICE por perseguir ilegalmente a los inmigrantes que han sobrevivido a abusos, explotación y otros delitos graves

Lupe A.

Lupe es una superviviente de violencia doméstica. Ha vivido en Estados Unidos durante casi treinta años —más recientemente en Los Ángeles, California— criando a cuatro hijos ya adultos y cuidando de tres nietos con nacionalidad estadounidense. En 2017, tras sufrir graves maltratos y cooperar con la policía para que se juzgara con éxito a su agresor, Lupe solicitó un visado U. En 2022, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) le concedió una acción diferida y un permiso de trabajo, válidos hasta octubre de 2026, basándose en su derecho a acogerse a las medidas de protección previstas en la legislación federal. A pesar de su situación legal y de tener pendiente la solicitud de visado U, los agentes del ICE detuvieron a Lupe frente a su domicilio de Los Ángeles en abril de 2025, para ejecutar una orden de expulsión de hacía décadas que ella no recordaba haber recibido. Su abogado notificó inmediatamente al ICE su situación legal y solicitó la reapertura de su caso y la suspensión de su expulsión. Sin embargo, Lupe fue deportada a México al día siguiente.

Camila B.

Camila tiene la condición de acción diferida legal. Lleva diecisiete años viviendo en Los Ángeles, California, y tiene tres hijos con nacionalidad estadounidense: dos jóvenes adultos y un adolescente. En 2021, Camila quedó inconsciente y fue hospitalizada tras sufrir una agresión. Colaboró con la policía para detener al sospechoso y, en 2023, solicitó un visado U. En mayo de 2025, el USCIS determinó que su solicitud era legítima y le concedió el estatus de acción diferida. El 1 de julio de 2025, mientras Camila trabajaba en su negocio de tamales, unos agentes no identificados la detuvieron durante las redadas de inmigración indiscriminadas del DHS en Los Ángeles. Permaneció detenida en el centro de ICE B-18 y, posteriormente, en el Centro de Tramitación de ICE de Adelanto. Aunque un juez de inmigración la puso en libertad bajo fianza, el ICE le obligó a llevar un monitor de tobillo y ahora le exige que se presente semanalmente para comprobar su paradero. Camila sigue aterrorizada ante la posibilidad de ser detenida de nuevo por el ICE.

Paulo C.

Paulo lleva quince años viviendo en Austin (Texas) y sus alrededores. Está casado y tiene cuatro hijos con nacionalidad estadounidense, de entre tres y veintiún años. Su hija mayor es su hijastra, ciudadana estadounidense, a la que ha criado desde que tenía tres años. Cuando su hijastra sufrió una agresión sexual a los trece años, Paulo y su esposa colaboraron con la policía y la fiscalía para lograr que se juzgara al agresor por un delito grave. Su esposa solicitó un visado U basándose en ese incidente e incluyó a Paulo como beneficiario derivado. En abril de 2023, el USCIS determinó que su solicitud era de buena fe y le concedió el estatus de acción diferida y un permiso de trabajo. Aunque Paulo sigue gozando del estatus de acción diferida en virtud de su solicitud de visado U pendiente, el ICE lo mantiene actualmente recluido en el Centro de Tramitación del ICE del sur de Texas. En julio de 2025, tras una parada de tráfico, el ICE lo detuvo sin causa probable y, desde entonces, se ha negado a ponerlo en libertad o a notificarle los cargos y concederle la oportunidad de ser oído.

Kenia Jackeline Merlos

La Sra. Merlos lleva 22 años viviendo en EE. UU. y reside en Portland, Oregón, con su marido y sus hijos, ciudadanos estadounidenses en edad de primaria: trillizos y un hijo menor. Aunque tiene permiso para permanecer en EE. UU. al amparo de la acción diferida, el ICE la mantiene actualmente detenida en el Centro de Tramitación del ICE del Noroeste, en Tacoma, Washington. En junio de 2023, la Sra. Merlos y su marido vieron cómo un hombre se acercaba a una furgoneta cerca de su casa. Cuando le dieron el alto, les amenazó con una pistola. Consiguieron ponerse a salvo y denunciaron inmediatamente el incidente a la policía, cooperando plenamente con la investigación. La Sra. Merlos solicitó un visado U en marzo de 2024; el USCIS consideró que su solicitud era de buena fe y le concedió la acción diferida en diciembre de 2024. En junio de 2025, mientras visitaba a su familia cerca de la frontera con Canadá, la CBP detuvo a la Sra. Merlos, a sus hijos y a su madre, de 71 años, que estaba de visita desde Honduras con un visado de turista válido. La CBP mantuvo a la Sra. Merlos y a sus hijos retenidos e incomunicados durante las dos semanas siguientes. Posteriormente, la CBP trasladó a la Sra. Merlos a la custodia del ICE en Tacoma, donde permanece sin haber recibido notificación alguna ni haber tenido una audiencia sobre la revocación de su estatus de acción diferida.

Luna E.

Luna se encuentra actualmente detenida por el ICE en el Centro de Detención de California City, a pesar de que se le había concedido la acción diferida. Sufrió abusos físicos y sexuales por parte de su padre desde los doce años, y por parte de otro hombre mayor que la dejó embarazada a los quince y que es el padre biológico de su hija mayor. Este hombre acabó trasladándose a EE. UU. y, en 2005, Luna y sus hijas, huyendo de su padre, se reunieron con él a petición suya. Él la obligó a compaginar varios trabajos y a entregarle todos sus ingresos, manteniéndola prácticamente cautiva durante años mientras seguía ejerciendo violencia física contra ella. Luna logró escapar finalmente. En 2023, solicitó un visado T basándose en la trata de personas que había sufrido. En febrero de 2025, el USCIS determinó que su solicitud era legítima y dictó una suspensión automática de la expulsión. A pesar de ello, el ICE sigue deteniéndola sin alegar ningún hecho nuevo que justifique su detención continuada.

Carmen F.

Carmen vivió en EE. UU. durante tres años hasta que los demandados la trasladaron a ella y a su hijo de ocho años a su país de origen alrededor del 31 de julio de 2025. Carmen tiene una solicitud de visado U pendiente desde principios de 2025. Durante su estancia en EE. UU., sufrió un comportamiento cada vez más abusivo por parte de su marido. Tras un incidente especialmente violento, llamó a la policía y consiguió una orden de alejamiento, que él no tardó en incumplir. Finalmente, él fue deportado y ella pudo liberarse de él durante un tiempo. En junio de 2025, el ICE detuvo a Carmen durante su control de seguimiento, se hizo cargo de la custodia de su hijo y los retuvo en el centro de detención familiar del ICE en Dilley, Texas, durante casi dos meses. Aunque su abogado informó a el ICE de su solicitud de visado U pendiente y solicitó su puesta en libertad y la suspensión de la expulsión, el ICE la expulsó sin solicitar a el USCIS que se pronunciara sobre su elegibilidad. A su regreso, su marido maltratador la obligó a vivir con él y reanudó los malos tratos. Vive aterrorizada cada día.

Yessenia Ruano

La Sra. Ruano ha vivido en EE. UU. durante catorce años y trabajó como auxiliar docente en Milwaukee (Wisconsin) hasta junio de 2025, pero actualmente reside en El Salvador tras haber sido obligada por los demandados a «autoexpulsarse». Es una superviviente de la trata de personas y tiene una solicitud de visado T pendiente desde febrero de 2025. Su abogado de inmigración presentó una solicitud de suspensión de su expulsión. El ICE denegó la suspensión el 6 de marzo de 2025 e informó a su abogado de inmigración de que, si no abandonaba el país de inmediato, la agencia la detendría en una próxima cita de control del ICE prevista para junio de 2025. Los agentes de ICE la amenazaron con deportarla por la fuerza sin sus hijas gemelas de diez años, ciudadanas estadounidenses. ICE no solicitó ni obtuvo una resolución del USCIS sobre la elegibilidad prima facie de la Sra. Ruano para un visado T. Para evitar ser separada de sus hijas, la Sra. Ruano cedió a la coacción y partió hacia El Salvador con ellas.

Daniel H. 

Daniel lleva dieciocho años viviendo en EE. UU. y reside en Oklahoma City, Oklahoma. Tiene dos hijas con nacionalidad estadounidense, de trece y catorce años. Actualmente, Daniel se encuentra recluido por el ICE en el Centro de Detención del ICE de Río Grande, en Laredo, Texas, donde lleva detenido desde agosto de 2025. En 2009, Daniel y su padre sufrieron un violento ataque cuando se enfrentaron a unas personas que intentaban forzar la entrada de su coche: Daniel recibió puñaladas en el cuello y el hombro y sufrió la rotura de varios dientes, lo que requirió atención médica de urgencia. Cooperó con la policía y el autor de los hechos se declaró culpable. En agosto de 2025, el ICE detuvo a Daniel cerca de su domicilio después de que un «notario» —una persona sin licencia que se hacía pasar por profesional del derecho— presentara en su nombre una solicitud de visado U incompleta. Aunque desde entonces un abogado cualificado ha presentado una solicitud de visado U corregida y completa, el ICE no lo ha puesto en libertad ni ha solicitado una resolución acelerada sobre su elegibilidad para el amparo.