Apoyo a los grupos de defensa de los derechos de los inquilinos en la lucha jurídica por la protección de los inquilinos en la ciudad de Los Ángeles

En enero de 2023, el Ayuntamiento de Los Ángeles aprobó protecciones permanentes a los inquilinos para ayudar a miles de inquilinos angelinos a permanecer en sus hogares y evitar que se queden sin hogar. Las protecciones se aprobaron para salvaguardar la seguridad de la vivienda de los inquilinos, ya que las protecciones de desahucio COVID estaban a punto de expirar.

Las ordenanzas incluyen la Ordenanza de Umbral de Impago, que prohíbe los desahucios por impago a menos que el inquilino se haya retrasado al menos un mes en el pago del alquiler justo de mercado, y la Ordenanza de Ayuda al Realojamiento por Desplazamiento Económico, que obliga a los propietarios a proporcionar ayuda al realojamiento a los inquilinos obligados a marcharse debido a un aumento significativo del alquiler. 

Gracias a estas protecciones, los angelinos ya no podrán ser desahuciados por falta de unos pocos dólares para pagar el alquiler, ni se verán obligados a mudarse debido a aumentos desorbitados del alquiler sin recibir también ayudas para los gastos de mudanza y traslado.

En marzo de 2023, la Asociación de Apartamentos del Gran Los Ángeles (AAGLA, por sus siglas en inglés) interpuso una demanda judicial para anular las ordenanzas. La impugnación fue un intento más de la AAGLA de socavar las protecciones fundamentales de sentido común de los inquilinos en Los Ángeles para que los propietarios puedan desahuciar más fácilmente a los inquilinos o utilizar los aumentos de alquiler para obligar a los inquilinos a autodesahuciarse.

En abril de 2023, los grupos de defensa de los derechos de los inquilinos InnerCity Struggle (ICS) y Community Power Collective (CPC) presentaron documentación para intervenir y unirse a la ciudad de Los Ángeles en la defensa de las protecciones. Public Counsel, Bet Tzedek, la Fundación de Ayuda Legal de Los Ángeles, y Susman Godfrey LLP son los abogados de ICS y CPC - organizaciones que representan a miles de inquilinos de bajos ingresos que todavía están luchando para recuperarse de los impactos financieros de la pandemia. En mayo de 2023, la juez Beckloff concedió la moción para intervenir y denegó la moción de AAGLA para una orden judicial preliminar para detener la aplicación de las dos ordenanzas de protección de inquilinos - y en enero de 2024, la juez Beckloff denegó el desafío legal de AAGLA en su totalidad.

Es vital que los inquilinos de Los Ángeles -especialmente los que no están protegidos por la ordenanza de estabilización de alquileres de la ciudad- estén protegidos contra el desahucio, la falta de vivienda y el desplazamiento. Muchos hogares no se han recuperado del impacto económico de la pandemia, y se estima que un tercio de los hogares no pueden pagar el alquiler. Existe la preocupación de que, sin las protecciones reforzadas de la ciudad para los inquilinos, se produzca una nueva oleada de desahucios y de personas sin hogar.