Los vendedores logran que el Ayuntamiento rinda cuentas por infringir la legislación estatal, impulsan cambios profundos en la forma en que el Ayuntamiento regula la venta ambulante y ponen sobre aviso a otras ciudades que han prohibido la venta ambulante.
Dos vendedores ambulantes y tres grupos de empoderamiento comunitario han alcanzado un acuerdo sin precedentes con el Ayuntamiento de Los Ángeles, con el que se resuelve la demanda que interpusieron para impugnar las restricciones generalizadas y arbitrarias impuestas por el Ayuntamiento a la venta ambulante, por considerarlas violaciones de la legislación estatal. El acuerdo deroga las prohibiciones excluyentes de la venta ambulante en toda la ciudad cerca de mercadillos, mercados de agricultores, colegios y eventos temporales; anula todas las multas impuestas por vender en las zonas excluyentes derogadas; y prevé el reembolso íntegro a los vendedores de cualquier multa que hayan pagado. Estos logros se suman a los avances anteriores impulsados por la demanda de los vendedores ambulantes, entre los que se incluyen la derogación por parte del Ayuntamiento de siete zonas de prohibición general de la venta ambulante a principios de este año y las mociones del Ayuntamiento destinadas a incorporar a los vendedores ambulantes al proceso de elaboración de políticas y a transformar el enfoque del Ayuntamiento a la hora de hacer cumplir la normativa sobre la venta ambulante.
Esta demanda sin precedentes envía un mensaje contundente a otras jurisdicciones de California: las restricciones arbitrarias y discriminatorias a la venta ambulante son ilegales, y pueden ser impugnadas ante los tribunales, y de hecho lo serán.
«Durante años, los vendedores ambulantes han sido multados injustamente, acosados y traumatizados a causa de las restricciones discriminatorias e ilegales impuestas por el Ayuntamiento de Los Ángeles», afirmó Katie McKeon, abogada del Western Center on Law & Poverty. «Este acuerdo pone fin a estas prácticas perjudiciales y hace justicia a los vendedores al anular todas las multas relacionadas y reembolsarles el importe de las multas pagadas. Nos alienta que el Ayuntamiento se haya comprometido ahora a cumplir la legislación estatal y esté adoptando políticas que respeten y apoyen el papel fundamental que desempeñan los vendedores en nuestras comunidades».
«Las prohibiciones han desaparecido y se ha hecho justicia a los vendedores», afirmó Merlín Alvarado, vendedor ambulante y demandante en el proceso judicial. «Además de atender a nuestros clientes, gestionar nuestros negocios y mantener a nuestras familias, estamos dispuestos a colaborar con el Ayuntamiento para que su programa de venta ambulante en las aceras tenga el mayor éxito posible. La venta ambulante es una de las grandes tradiciones y uno de los recursos más valiosos de nuestra ciudad, y esperamos que se nos reconozca plenamente nuestro papel como cuidadores y colaboradores de la comunidad».
«Durante más de una década, los vendedores ambulantes de Los Ángeles se han organizado para crear un poderoso movimiento en favor de la dignidad y el respeto, y para defender sus derechos y medios de vida», afirmó Sergio Jiménez, organizador principal de Community Power Collective. «Esta victoria es un testimonio de su fuerza, valentía y compromiso con la lucha por la justicia. Gracias a los incansables esfuerzos de los vendedores ambulantes organizados, estamos construyendo un Los Ángeles más dinámico, inclusivo y próspero».
Los demandantes, los vendedores ambulantes Merlín Alvarado y Ruth Monroy, junto con tres organizaciones sin ánimo de lucro —Community Power Collective, East LA Community Corporation e Inclusive Action for the City— presentaron su demanda a finales de 2022, alegando que las restricciones del Ayuntamiento de Los Ángeles violan la SB 946, una ley de California de 2018 que legaliza la venta ambulante en las aceras en todo el estado. A principios de este año, en respuesta a la demanda de los vendedores ambulantes, el Ayuntamiento votó a favor de eliminar sus siete zonas de prohibición de venta ambulante. El acuerdo pone fin a las restantes prohibiciones ilegales de venta ambulante impuestas por el Ayuntamiento, incluidos los requisitos excesivos de distanciamiento respecto a los mercadillos, los mercados de agricultores y los colegios, y compensa a los vendedores que recibieron multas costosas e injustificadas. Los demandantes están representados por Public Counsel, Western Center on Law & Poverty y el bufete de abogados Arnold & Porter.
«La “Ley de Venta Ambulante Segura en las Aceras” de California es la ley vigente y impide que las ciudades aprueben normativas sobre la venta ambulante basadas únicamente en quejas del tipo “no en mi patio trasero” (NIMBY) o en animadversión económica», afirmó Ritu Mahajan Estes, abogada directora de Public Counsel. «Las restricciones punitivas e infundadas a la venta ambulante no solo van en contra de nuestra cultura colectiva y de la historia de California, sino que además son ilegales, discriminatorias y perjudiciales para la salud y el bienestar de nuestras comunidades».
«Este acuerdo envía un mensaje muy claro: las prohibiciones arbitrarias de la venta ambulante son ilegales e insostenibles», afirmó Doug Smith, director sénior de Política y Estrategia Jurídica de Inclusive Action for the City. «Gracias a la defensa de los vendedores ambulantes y a esta victoria jurídica, las zonas de Los Ángeles en las que estaba prohibida la venta ambulante han desaparecido, se están eliminando las citaciones de los expedientes de los vendedores y se están devolviendo íntegramente las multas. Además, los ayuntamientos tienen ahora claro que cualquier prohibición discriminatoria de la venta ambulante puede ser impugnada y anulada, y así se hará».
«La venta ambulante forma parte de la cultura de California y cuenta con el respaldo y la protección de la legislación estatal», afirmó Elba Serrano, vicepresidenta adjunta de la East LA Community Corporation (ELACC). «Ofrece puestos de trabajo flexibles que dan vida a nuestras calles, fomenta los desplazamientos a pie y la actividad social, y refuerza la seguridad del barrio al añadir ojos y oídos a nuestras calles y fortalecer los vínculos comunitarios. El mensaje para el resto del estado es claro: las viejas herramientas de exclusión ya no son válidas; es hora de aceptar la venta ambulante como parte de nuestra economía de pequeñas empresas y eliminar los obstáculos a las oportunidades económicas».
Aunque el acuerdo ya está cerrado, aún debe ser aprobado formalmente por el Ayuntamiento y el alcalde, algo que los demandantes esperan que ocurra cuando el Ayuntamiento regrese de las vacaciones en agosto. Una vez aprobado, el Ayuntamiento dispondrá de 90 días para recopilar todas las multas, identificar a las personas con derecho a la compensación en virtud de este acuerdo y enviar las notificaciones pertinentes a cada uno de los vendedores. Los vendedores que hayan recibido una notificación, o que crean haber pagado una multa que cumpla los requisitos, deberán llamar al Centro de Tramitación de Multas para iniciar el proceso de reembolso.
Consulta aquí el acuerdo de conciliación.
Para obtener más información sobre el caso «Community Power Collective contra la ciudad de Los Ángeles», haz clic aquí.
