Kerri K. v. Estado de California

Garantizar que los niños con discapacidad asistan a escuelas seguras y acogedoras

En 2019, cuatro valientes estudiantes dieron un paso adelante como demandantes para presentar una demanda colectiva contra el Departamento de Educación de California (CDE), los directores de la Oficina de Educación del Condado de Contra Costa y el personal de la Escuela Floyd I. Marchus para desafiar el uso ilegal y peligroso de restricciones y aislamiento en situaciones que no son de emergencia.   

La escuela Floyd I. Marchus es una escuela pública gestionada por el condado de Contra Costa que atiende a alumnos con graves problemas de aprendizaje, de comportamiento y emocionales que necesitan planes educativos individualizados (IEP) para recibir una educación pública gratuita y adecuada. Una de las razones por las que los estudiantes asisten a escuelas especializadas como esta escuela es porque necesitan servicios y apoyos altamente individualizados para aprender. 

Sin embargo, la escuela Floyd I. Marchus utilizaba un sistema de comportamiento "Level System" que, según los estudiantes y sus familias, eludía los planes educativos individualizados y los planes de intervención en el comportamiento de los estudiantes y daba lugar al uso de restricciones y reclusión. La demanda afirmaba que estas prácticas peligrosas eran consecuencia directa del incumplimiento por parte del estado de California y del CDE de su responsabilidad constitucional en materia de educación pública por su falta de supervisión, intervención y aplicación de estas intervenciones peligrosas.

Médicos, educadores y funcionarios gubernamentales llevan mucho tiempo condenando el uso de sujeciones y reclusiones en niños, calificándolas de ineficaces y advirtiendo de sus efectos traumatizantes y peligrosos. Un informe de 2009 de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos documentó cientos de casos de uso abusivo de sujeciones y descubrió que al menos veinte de estos casos provocaron la muerte de la víctima. Además, estas sujeciones afectan de manera desproporcionada a los alumnos con discapacidad. Según un informe de 2014 del Departamento de Educación de los Estados Unidos, los estudiantes con discapacidades representaban solo el 12% de la población estudiantil nacional, pero representaban el 58% de las personas sometidas a reclusión y el 75% de las sometidas a restricción física. El Informe de Recopilación de Datos de Derechos Civiles 2017-2018 continuó documentando el impacto desproporcionado de estas prácticas peligrosas en los estudiantes con discapacidades.  

En septiembre de 2022, los demandantes llegaron a un acuerdo histórico con el Estado de California y el Departamento de Educación. En virtud del acuerdo, el estado se comprometió a mantener un mayor grado de supervisión sobre la escuela, formar al personal sobre las intervenciones y apoyos que pueden ayudar a los estudiantes, auditar los registros de la escuela y realizar dos años de revisión de seguimiento. 

En junio de 2023, los demandantes llegaron a un acuerdo de conciliación con la Oficina de Educación del Condado de Contra Costa ("CCCOE") para garantizar que los estudiantes con discapacidades que asisten a la Escuela Floyd I. Marchus ("Marchus") reciban los apoyos y servicios individualizados que necesitan para aprender, y para asegurarse de que los maestros tengan la capacitación que necesitan para abordar los comportamientos sin recurrir a la restricción y el aislamiento. El acuerdo se suma a los términos acordados en el acuerdo de 2022 y resuelve la demanda de 2019.

Los alumnos de todo el país siguen siendo objeto de restricciones y reclusiones. Según el Departamento de Educación de EE.UU., cada año más de 100.000 alumnos son retenidos o aislados. Varias legislaturas estatales, entre ellas las de Nueva York y Connecticut, han presentado recientemente proyectos de ley que prohibirían el uso de algunas o todas las técnicas de contención y reclusión y reforzarían los requisitos de información para una mayor supervisión y transparencia.

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