Lucha para acabar con el injusto castigo de las tasas judiciales

Nadie debería ser castigado simplemente por ser pobre. Sin embargo, los tribunales de California han impuesto sistemáticamente "tasas judiciales" y multas a personas sin tener en cuenta su capacidad de pago. Esta práctica obliga a miles de californianos -que ya tienen dificultades para llegar a fin de mes- a entrar en ciclos de deudas judiciales crecientes, suspensiones del permiso de conducir, obstáculos para la cancelación de antecedentes penales e incluso penas de cárcel. En el fondo, este sistema equivale a una capa adicional de castigo por la pobreza, socavando los principios básicos de equidad y justicia, y violando los principios constitucionales fundamentales que prohíben el castigo por motivos de pobreza. 

El pueblo contra Dueñas: Impugnación de las tasas que castigan la pobreza 

El Pueblo contra Dueñas fue una apelación penal presentada en nombre de Velia Dueñas -una madre de dos hijos con parálisis cerebral y bajos ingresos que no tenía hogar- a quien se ordenó pagar 220 dólares en concepto de tasas judiciales sin tener en cuenta su capacidad de pago. Debido a las citaciones que recibió cuando era adolescente, su permiso de conducir había sido suspendido, creando una barrera legal para realizar tareas vitales, como conseguir y mantener un trabajo y llevar a sus hijos al médico o a la escuela. Como resultado de la suspensión, la Sra. Dueñas sufrió condenas adicionales por conducir con el permiso suspendido, condenas que se derivaron de su incapacidad para pagar multas anteriores.  

Cada vez que no podía pagar las multas, no le quedaba más remedio que ir a la cárcel en lugar de pagarlas, por un total de más de cincuenta días en la cárcel, simplemente porque era demasiado pobre para pagarlas. Incluso después de cumplir su condena en la cárcel, la Sra. Dueñas siguió siendo responsable de las tasas judiciales asociadas a cada una de sus condenas por delitos menores. 

Representada por Public Counsel, la Sra. Dueñas impugnó la constitucionalidad de estas tasas judiciales, argumentando que castigar a las personas por ser pobres viola las protecciones constitucionales estatales y federales. En una innovadora opinión de 2019, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito de California estuvo de acuerdo, sosteniendo que la imposición de tasas judiciales obligatorias a los acusados indigentes sin tener en cuenta su capacidad de pago viola los derechos del debido proceso. La jueza Laurie Zelon, escribiendo para el tribunal, declaró: 

Imponer multas impagables a los acusados indigentes no sólo es injusto, sino que no sirve a ningún propósito racional, no fomenta la intención legislativa y puede ser contraproducente. 

La sentencia Dueñas se convirtió en un hito en la lucha contra la criminalización de la pobreza. Por primera vez, miles de indigentes de California tenían una vía para escapar de un sistema que los atrapaba en deudas, amenazaba su libertad y limitaba sus oportunidades, todo ello debido a obligaciones financieras impuestas por los tribunales. 

El pueblo contra Kopp: Revisión por el Tribunal Supremo de la cuestión de la "capacidad de pago 

Después de la decisión de Dueñas en 2019, los tribunales de apelación de todo California emitieron fallos contradictorios sobre si los jueces deben considerar la capacidad de pago de un acusado antes de imponer multas y tarifas judiciales. Mientras que algunos tribunales siguieron el razonamiento de Dueñas, otros no estuvieron de acuerdo, lo que llevó a estándares inconsistentes en todo el estado. 

Para resolver esta división, el Tribunal Supremo de California concedió la revisión de People v. Kopp, un caso en el que estaban implicados dos acusados -Christi Kopp y Jason Hernández- que recurrieron conjuntamente algunos aspectos de sus sentencias penales. Impugnaron la constitucionalidad de las multas y tasas impuestas sin que se determinara su capacidad de pago, planteando la cuestión clave de la "capacidad de pago" que ahora se somete al Tribunal Supremo. 

Public Counsel presentó un escrito de amicus curiae en apoyo de los demandantes, instando al Tribunal a proteger los derechos de los californianos con bajos ingresos e impedir el castigo basado en la pobreza. 

El Tribunal Supremo escuchará los argumentos orales en el caso Kopp el 8 de octubre de 2025, incluidos los argumentos de Public Counsel como abogado amici. Se espera que el fallo del Tribunal establezca una norma uniforme para todo el estado sobre cómo los tribunales de California imponen multas y tasas penales, con implicaciones de gran alcance para los californianos ahora y en el futuro. 

Actualización: La Corte Suprema de California escuchó los argumentos orales en el caso People v. Kopp el 8 de octubre de 2025, incluyendo el argumento de Public Counsel como abogado de amici. La audiencia fue transmitida en vivo en el sitio web de la Corte, y una grabación de vídeo está disponible aquí.