Apoyo a los colectivos de defensa de los derechos de los inquilinos en la batalla jurídica para defender las medidas de protección de los inquilinos de la ciudad de Los Ángeles

En enero de 2023, el Ayuntamiento de Los Ángeles aprobó medidas permanentes de protección de los inquilinos para ayudar a miles de arrendatarios angelinos a permanecer en sus hogares y evitar que se quedaran sin techo. Estas medidas se aprobaron para garantizar la seguridad de la vivienda de los inquilinos, dado que las protecciones contra los desahucios por la COVID-19 estaban a punto de expirar.

Entre estas ordenanzas se encuentran la Ordenanza sobre el umbral de impago, que prohíbe los desahucios por impago a menos que el inquilino tenga un atraso de al menos un mes en el pago del alquiler a precio de mercado, y la Ordenanza sobre ayudas a la reubicación por desplazamiento económico, que obliga a los propietarios a proporcionar ayudas a la reubicación a los inquilinos que se vean obligados a abandonar la vivienda debido a un aumento significativo del alquiler. 

Gracias a estas medidas de protección, los angelinos ya no podrán ser desahuciados por no poder pagar unos pocos dólares del alquiler, ni se verán obligados a mudarse debido a subidas exorbitantes del alquiler sin recibir, además, ayuda para sufragar los gastos de mudanza y reubicación.

En marzo de 2023, la Asociación de Propietarios de Viviendas del Gran Los Ángeles (AAGLA) interpuso una demanda con el objetivo de revocar dichas ordenanzas. Esta impugnación supuso un nuevo intento por parte de la AAGLA de socavar medidas fundamentales de protección de los inquilinos en Los Ángeles, basadas en el sentido común, con el fin de que los propietarios puedan desalojar más fácilmente a los inquilinos o utilizar los aumentos de alquiler para obligarlos a marcharse por su cuenta.

En abril de 2023, las organizaciones de defensa de los derechos de los inquilinos InnerCity Struggle (ICS) y Community Power Collective (CPC) presentaron la documentación necesaria para intervenir y sumarse a la ciudad de Los Ángeles en la defensa de estas medidas de protección. Public Counsel, Bet Tzedek, la Legal Aid Foundation of Los Ángeles y Susman Godfrey LLP son los abogados de ICS y CPC, organizaciones que representan a miles de inquilinos con bajos ingresos que siguen luchando por recuperarse de las repercusiones económicas de la pandemia. En mayo de 2023, el juez Beckloff estimó la solicitud de intervención y desestimó la solicitud de la AAGLA de una medida cautelar para suspender la aplicación de las dos ordenanzas de protección de los inquilinos; y en enero de 2024, el juez Beckloff desestimó íntegramente el recurso de la AAGLA.

Es fundamental que los inquilinos de Los Ángeles —especialmente aquellos que no están protegidos por la ordenanza municipal de estabilización de alquileres— estén a salvo del desahucio, la falta de vivienda y el desplazamiento. Muchos hogares aún no se han recuperado del impacto económico de la pandemia, y se estima que un tercio de ellos no puede permitirse pagar el alquiler. Existe la preocupación de que, sin el refuerzo de las medidas de protección de los inquilinos por parte del Ayuntamiento, se produzca una nueva ola de desahucios y de personas sin hogar.