Durante años, cerca de 6.000 residentes de Los Ángeles vivieron sometidos a restricciones de toque de queda draconianas —que a menudo les prohibían salir a la calle después de las 22:00 horas— debido a 26 órdenes judiciales contra las bandas consideradas inconstitucionales. Los agentes de las fuerzas del orden podían añadir el nombre de una persona a la lista de una orden judicial contra las bandas prácticamente sin verificación ni supervisión alguna, notificarle dicha orden y restringir de forma significativa su libertad.
En 2011, Public Counsel —junto con el abogado Olu K. Orange y el bufete Hadsell Stormer Renick & Dai, LLP— interpuso una demanda colectiva federal para impugnar las disposiciones inconstitucionales del ayuntamiento relativas al toque de queda. En 2016 se alcanzó un acuerdo sin precedentes con el Ayuntamiento de Los Ángeles, en el que este se comprometió a invertir hasta 30 millones de dólares en un programa de formación laboral y aprendizaje para los miembros de la demanda colectiva.
A principios de este año, Public Counsel volvió a llevar al Ayuntamiento ante los tribunales tras descubrir que se estaba denegando el acceso a las prestaciones del programa a algunas personas o que se les sometía a un proceso innecesariamente complicado para obtenerlas. Además, el Ayuntamiento gastó hasta tres veces la cantidad permitida en gastos administrativos, mientras que la gran mayoría de los miembros de la demanda colectiva no recibió nada del programa.
En lo que supone una importante victoria para los miembros de la demanda colectiva, un juez federal ha estimado nuestra moción de ejecución y ha ordenado a la ciudad de Los Ángeles que prorrogue indefinidamente el programa de empleo y educación mientras se lleva a cabo una auditoría forense. La auditoría, realizada por un auditor independiente y supervisada por un perito judicial, investigará el gasto excesivo en la administración del programa y los obstáculos que han impedido la participación de los miembros de la demanda colectiva. Una vez concluida la auditoría, el perito judicial recomendará al tribunal las reformas oportunas.
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