Desigualdades en el aprendizaje virtual

Todos los alumnos de California, ya sea que reciban clases a distancia o presenciales, tienen derecho a una educación equitativa en virtud de la Constitución de California. A lo largo de la historia de nuestro estado, se ha negado este acceso a los alumnos de color y a los procedentes de entornos con bajos ingresos. A principios de 2020, los centros educativos de California pasaron a la enseñanza a distancia sin un plan para abordar las carencias existentes, como la conectividad de banda ancha, la uniformidad de la enseñanza y el bienestar social y emocional de los alumnos más desfavorecidos. Esta situación ha agravado la brecha educativa ya existente para los alumnos negros y latinos de entornos con bajos ingresos, y sin un liderazgo ni un plan por parte del estado, dicha brecha no hará más que seguir ampliándose.

Ocho meses después de que California pasara a la educación a distancia, Public Counsel, junto con Morrison & Foerster, presentó una demanda contra el Estado de California alegando que este había incumplido su obligación constitucional de garantizar a los alumnos un acceso equitativo a una educación básica de calidad. Entre los demandantes figuran siete familias de todo el estado y las organizaciones comunitarias The Oakland Reach y Community Coalition. La demanda pretende obtener una reparación para las familias, presionando al Estado para que aborde las principales deficiencias del sistema actual, entre las que se incluyen el acceso a la tecnología, el apoyo socioemocional y la ineficacia de la enseñanza a distancia.