Acuerdo sobre las ayudas al alquiler en California
Defensores de los derechos de los inquilinos logran un acuerdo histórico en nombre de los californianos que se enfrentan a deudas de alquiler acumuladas durante la pandemia
El acuerdo exige que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California ofrezca a los solicitantes cuya solicitud esté pendiente o haya sido denegada una oportunidad justa de recibir ayudas al alquiler por la COVID-19.
5 de junio de 2023 – Se ha alcanzado un acuerdo histórico en un caso presentado por defensores de los derechos de los inquilinos, en el que se alegaba que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California (HCD) gestionó de forma inconstitucional el Programa Estatal de Ayuda de Emergencia para el Alquiler por la COVID-19 (ERAP o «Housing is Key»), lo que ha provocado que solicitantes que cumplían los requisitos se hayan quedado sin la ayuda que se les prometió después de que la pandemia destruyera los medios de vida de muchos californianos. Más de 100 000 hogares siguen a la espera de una resolución sobre sus solicitudes, y muchos de ellos están recibiendo notificaciones de desahucio y sufriendo acoso por parte de sus arrendadores por el alquiler que aún deben. El acuerdo extrajudicial ofrecerá una nueva oportunidad a los solicitantes que permanecen en el limbo para recibir la ayuda al alquiler por la COVID-19, que sigue siendo esencial para apoyar y estabilizar a las familias a medida que se agrava la crisis de la vivienda y de las personas sin hogar en California.
El Programa de Ayuda de Emergencia para el Alquiler por la COVID-19 de California se creó para proporcionar ayuda directa a las familias con bajos ingresos que tenían dificultades para pagar el alquiler durante la pandemia. La Alianza de Californianos para el Empoderamiento Comunitario (ACCE Action), Strategic Actions for a Just Economy (SAJE) y PolicyLink —representadas por el Western Center on Law & Poverty, Public Counsel, la Legal Aid Foundation of Los Ángeles y Covington & Burling LLP— demandaron al HCD en junio de 2022 por varias deficiencias sistémicas del programa, entre ellas un proceso de solicitud confuso que provocó que a inquilinos que cumplían los requisitos se les denegara indebidamente la ayuda.
Como parte del acuerdo, el HCD se ha comprometido a adoptar varias medidas para mejorar su proceso de tramitación de las solicitudes pendientes del ERAP, entre las que se incluyen:
- Proporcionar a los inquilinos a los que se les vaya a denegar la totalidad o parte de la ayuda solicitada una explicación detallada del motivo de la denegación, para que puedan subsanar los problemas relacionados con la solicitud y tengan una oportunidad justa de presentar un recurso;
- Garantizar que los inquilinos sujetos a la «recuperación» de los fondos de ayuda al alquiler tengan una oportunidad justa de impugnar la decisión del Estado;
- Facilitar el acceso al procedimiento de recurso;
- Ampliar la financiación destinada a la Red de Socios Locales, que ayudará a los inquilinos a gestionar sus solicitudes y recursos pendientes;
- Llevar a cabo una auditoría de las denegaciones anteriores para corregir las denegaciones indebidas de asistencia; y
- Ofrecer una mayor transparencia sobre quién recibe ayudas para el alquiler y quién no, con datos sobre la raza, el origen étnico y el código postal de las personas a las que se les ha denegado la ayuda.
Los inquilinos que hayan estado a la espera de una resolución sobre sus solicitudes recibirán información actualizada en los próximos meses y deben consultar periódicamente su correo electrónico, el portal de solicitudes y el correo postal para ver si hay notificaciones. Los inquilinos que hayan sido desahuciados o se hayan mudado desde que solicitaron la ayuda al alquiler deben ponerse en contacto con el programa «Housing is Key» para actualizar sus datos de contacto y asegurarse de recibir cualquier notificación importante. Aquellos a los que se les deniegue la solicitud dispondrán de 30 días para presentar un recurso.
California destinó más de 6.000 millones de dólares en ayudas al alquiler procedentes del gobierno estatal y federal para el programa «Housing is Key», que llegó en un momento crítico y debería haber supuesto una gran diferencia para los cientos de miles de familias afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia. Más de medio millón de hogares solicitaron acogerse al programa. Hasta la fecha, el HCD ha denegado la solicitud a casi el 30 % de los solicitantes, según un análisis de los datos del programa realizado por el National Equity Atlas (una colaboración de investigación entre PolicyLink y el USC Dornsife Equity Research Institute). La gran mayoría de los solicitantes rechazados (el 93 %) tienen ingresos inferiores al 80 % de la renta mediana de la zona, que es el umbral de ingresos para poder optar al programa. Los inquilinos no recibieron ninguna explicación satisfactoria de por qué se les denegaba la ayuda que necesitaban para evitar el desahucio, y muchos tuvieron dificultades para acceder al proceso de recurso.
Preguntas frecuentes (FAQ)
El 30 de mayo de 2023, los defensores de los inquilinos llegaron a un acuerdo en una importante demanda contra el Estado de California por cuestiones relacionadas con el debido proceso en la gestión del Programa Estatal de Ayuda al Alquiler por la COVID-19, también conocido como Programa de Ayuda de Emergencia al Alquiler (ERAP) o «Housing Is Key», que provocó que se denegara la ayuda a inquilinos que cumplían los requisitos. Como consecuencia, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California (HCD) ha aceptado introducir varias reformas importantes en los procedimientos relacionados con las denegaciones y los recursos de apelación del programa.
Esta sección de preguntas frecuentes ofrece una visión general del acuerdo judicial y de lo que supone para los inquilinos. Para obtener más información sobre la demanda y una copia completa del acuerdo, utiliza las pestañas de esta página web para acceder a más información. Para dar a conocer este acuerdo, comparte esta dirección web: CARentRelief.org
Si tienen alguna duda sobre el estado de una solicitud, los inquilinos deben ponerse en contacto con el centro de atención telefónica «Housing Is Key» del Estado, llamando al (833) 430-2122. Para consultar el estado de su solicitud en el portal de «Housing Is Key», los inquilinos pueden visitar: https://hornellp-ca.neighborlysoftware.com/CaliforniaCovid19RentRelief/Participant.
Para ponerse en contacto con una organización comunitaria que pueda ayudarles con la solicitud, los inquilinos deben llamar a la Red de Colaboradores Locales al(833) 687-0967.
Traducciones de las preguntas frecuentes
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1. ¿A quién afecta este acuerdo?
Este acuerdo afecta a los inquilinos que presentaron su solicitud a «Housing Is Key» hasta el 31 de marzo de 2022 inclusive, y cuyas solicitudes siguen pendientes o fueron denegadas a partir del 7 de junio de 2022. El acuerdo también puede beneficiar a algunos inquilinos a los que se les denegó la solicitud antes del 7 de junio de 2022 o cuyo estado de solicitud sea otro de los detallados en estas preguntas frecuentes.
Este acuerdo solo se aplica al programa «Housing Is Key» del Estado de California. No se aplica a ningún programa local de ayudas al alquiler gestionado por un ayuntamiento o un condado. El acuerdo tampoco reabre el programa «Housing Is Key» a nuevas solicitudes.
Los inquilinos pueden consultar el estado de su solicitud en el portal de «Housing Is Key» aquí: https://hornellp-ca.neighborlysoftware.com/CaliforniaCovid19RentRelief/Participant.
2. ¿Qué va a pasar ahora con los inquilinos que han estado esperando una resolución sobre sus solicitudes de ayuda para el pago del alquiler?
El HCD reanudará la tramitación de las solicitudes y recursos pendientes. Los inquilinos deben esperar recibir en breve nuevas comunicaciones del Estado, ya sea una aprobación o una denegación.
En virtud del acuerdo, la Administración ha revisado la notificación de denegación para que ofrezca a los inquilinos información más concreta sobre el motivo exacto de la denegación. Los inquilinos que recibirán las nuevas notificaciones de denegación son:
- Los inquilinos que hayan recibido una notificación de denegación a partir del 7 de junio de 2022;
- Los inquilinos que nunca recibieron una notificación de denegación;
- Inquilinos que hayan presentado un recurso pero que, a fecha de 30 de mayo de 2023, aún no hayan recibido una resolución sobre el mismo.
Las nuevas notificaciones de denegación darán inicio a un nuevo plazo de 30 días para presentar un recurso. Las nuevas notificaciones de denegación también incluirán información sobre cómo ponerse en contacto con una organización que pueda ayudar a los inquilinos con el recurso.
Los inquilinos que no estén seguros de la fecha de denegación pueden llamar al centro de atención telefónica de «Housing Is Key» al (833) 430-2122 para preguntar cuál es dicha fecha.
3. ¿Cómo serán las nuevas notificaciones de denegación?
A partir de ahora, todas las nuevas notificaciones de denegación incluirán más información sobre el motivo concreto de la denegación, de modo que los inquilinos puedan resolver cualquier problema detectado y preparar un recurso eficaz para impugnar la decisión. Las notificaciones se redactarán en inglés y en cualquier otro idioma que solicite el inquilino. En virtud del acuerdo, el Estado deberá subir todas las notificaciones de denegación al portal de solicitudes «Housing Is Key» del inquilino, para que sean fácilmente accesibles.
Si la denegación se basó en algún documento presentado por el arrendador del inquilino, este tendrá derecho a solicitar el documento o la información facilitada por el arrendador. El inquilino dispondrá entonces de 30 días adicionales para presentar su recurso. Si el HCD no obtiene autorización para facilitar el documento al inquilino, dicho documento no se tendrá en cuenta durante la tramitación del recurso del inquilino.
4. ¿Cómo se enviarán a los inquilinos las nuevas notificaciones de denegación?
En virtud del acuerdo, HCD ya no podrá enviar las notificaciones de denegación únicamente por correo electrónico. Todas las nuevas notificaciones de denegación se publicarán en el portal de solicitudes «Housing is Key», se enviarán por correo electrónico al inquilino y a cualquier representante externo que figure en su solicitud, y se enviarán por correo postal a la dirección del inquilino indicada en la solicitud.
Prevemos que se envíen nuevas notificaciones de denegación de forma continua a lo largo de los próximos meses.
5. ¿Supone este acuerdo algún cambio en el proceso de recurso?
El acuerdo amplía el acceso al proceso de recurso. A partir de ahora, los inquilinos podrán presentar un recurso llamando al centro de atención telefónica de «Housing Is Key» al (833) 430-2122 o enviando un correo electrónico a Appeal@ca-rentrelief.como poniéndose en contacto directamente con su gestor de casos. El HCD también incluirá un enlace al portal de apelaciones en el portal de solicitudes. Asimismo, el HCD trabajará para encontrar una forma alternativa de que los inquilinos puedan acceder al portal de apelaciones en caso de que ya no tengan acceso a la dirección de correo electrónico que utilizaron originalmente para presentar su solicitud.
Gracias a una notificación de denegación mejorada en la que se indica el motivo concreto de la denegación, los inquilinos podrán abordar el problema exacto en su recurso. Al igual que antes, los inquilinos disponen de 30 días tras recibir la notificación de denegación para presentar un recurso; de lo contrario, la denegación se considerará definitiva.
6. ¿Qué ocurre si a un inquilino solo se le concede una parte de la ayuda que ha solicitado?
Durante el proceso judicial, nos enteramos de que era habitual que el HCD solo aprobara a los inquilinos para una parte de la ayuda que solicitaban sin dar ninguna explicación al inquilino (lo que se conoce como «pagos parciales»). El acuerdo alcanzado ahora obliga al HCD a enviar estos pagos parciales a los solicitantes aprobados en un plazo de 30 días a partir del 30 de mayo de 2023.
En adelante, si a un inquilino solo se le concede una parte de la ayuda al alquiler que solicitó, el HCD le enviará una notificación en la que se explique por qué se le ha denegado el importe total. Además, el HCD iniciará automáticamente un recurso en nombre del inquilino. Los inquilinos podrán solicitar información y documentos adicionales que el HCD haya utilizado para tomar la decisión, así como presentar nuevas pruebas para respaldar el recurso. Los inquilinos deben estar atentos a estas notificaciones de «pago parcial» y responder con prontitud si desean impugnar la decisión.
7. ¿Cómo afecta este acuerdo a los inquilinos que habían recibido anteriormente notificaciones de «recuperación»?
A algunos inquilinos que recibieron ayudas para el alquiler se les enviaron posteriormente notificaciones de «recuperación» en las que se les indicaba que debían devolver parte o la totalidad del dinero recibido. En virtud del acuerdo, el HCD debe proporcionar a estos inquilinos una nueva notificación en la que se explique el motivo por el que el HCD quiere que devuelvan el dinero y se les conceda el derecho a recurrir. Tras recibir la nueva notificación, el inquilino dispondrá de 30 días para recurrir la recuperación. Si se aprueba el recurso, el HCD anulará la notificación de recuperación y el inquilino podrá quedarse con los fondos.
Si, durante el proceso de recurso, el HCD comprueba que la notificación de recuperación era incorrecta, pero sigue habiendo un problema con la solicitud, el HCD informará al inquilino del problema concreto y le concederá un plazo de 45 días para actualizar su solicitud.
Si se desestima el recurso, el HCD enviará otra notificación en la que se ofrecerán opciones para devolver los fondos, como, por ejemplo, mediante un plan de pago. El HCD se compromete a no ceder esta deuda a agencias de cobro y a conceder a los inquilinos con bajos ingresos un plazo mínimo de tres años para saldar la deuda.
8. ¿Qué ocurre si un inquilino ha presentado varias solicitudes y una de ellas ha sido marcada como «duplicada»?
Si un inquilino ha presentado varias solicitudes, es posible que el HCD haya marcado una de ellas como «duplicada» en el portal de solicitudes sin avisar al inquilino. El acuerdo exige ahora que se envíe una notificación adicional en el caso de las solicitudes consideradas duplicadas.
En el caso de los inquilinos cuya solicitud haya sido denegada, la notificación de denegación incluirá una sección en la que se indicará si hay alguna solicitud que no se haya tramitado por considerarse duplicada. El HCD también debe enviar una notificación por correo electrónico y publicarla en el portal de solicitudes indicando que una solicitud ha sido marcada como duplicada. Estas notificaciones informarán a los inquilinos de que deben tomar medidas si creen que una solicitud ha sido marcada como duplicada por error.
El HCD permitirá a los inquilinos con solicitudes duplicadas llamar al centro de atención telefónica de «Housing Is Key» al (833) 430-2122 y hablar con personal cualificado para asegurarse de que sus solicitudes duplicadas se fusionen en una sola.
9. ¿Ayudará este acuerdo a un inquilino al que anteriormente se le denegó la ayuda para el alquiler?
Salvo lo indicado en estas preguntas frecuentes, el acuerdo no reabre las resoluciones denegatorias para la mayoría de los inquilinos a los que se les denegó la ayuda al alquiler antes del 7 de junio de 2022.
No obstante, en virtud del acuerdo, el Estado se ha comprometido a revisar las solicitudes que fueron denegadas entre el 1 de marzo de 2022 y el 31 de mayo de 2022 por «no cumplir los requisitos».
Los inquilinos cuya solicitud fuera denegada entre el 1 de marzo de 2022 y el 31 de mayo de 2022 por «falta de respuesta» pueden ponerse en contacto con una organización comunitaria de la Red de Colaboradores Locales llamando al (833) 687-0967. En virtud del acuerdo, estas organizaciones pueden solicitar al HCD que reabra los expedientes de dichos inquilinos, pedir más información sobre la denegación y colaborar con el programa para aportar nuevas pruebas con el fin de intentar que se apruebe la solicitud del inquilino.
El HCD revisará automáticamente estas solicitudes para determinar si alguna de ellas fue denegada indebidamente. Si se constata que una solicitud fue denegada indebidamente y que el solicitante cumple los requisitos para recibir ayuda para el alquiler, el HCD efectuará el pago.
Si el HCD no puede determinar si la solicitud debería haber sido denegada o aprobada, deberá iniciar automáticamente un procedimiento de recurso. Asimismo, enviará una notificación en la que se explique claramente que se ha iniciado un recurso, que el solicitante puede aportar más información y/o documentos para respaldar el recurso, y que puede llamar al centro de atención telefónica de «Housing Is Key» al (833) 430-2122 para obtener más información sobre la solicitud. Un gestor de casos deberá ponerse en contacto directamente con el solicitante para solicitar información adicional.
10. ¿Ofrece este acuerdo alguna ayuda adicional a los inquilinos cuyo idioma principal no sea el inglés?
El acuerdo exige que se traduzca el portal de solicitudes y apelaciones y que el centro de atención telefónica «Housing Is Key» cuente con personal que hable los seis idiomas más habituales en California. El HCD debe notificar a los solicitantes que hay servicios lingüísticos disponibles en todos los idiomas. Todas las cartas que envíe el HCD deben incluir un aviso en el que se informe a los inquilinos de que hay servicios lingüísticos disponibles en varios idiomas. Las notificaciones de denegación se enviarán en inglés y en el idioma que el inquilino haya solicitado como idioma principal.
11. ¿A dónde puede acudir un inquilino para obtener más información si tiene dudas sobre el estado de su solicitud?
Los inquilinos pueden llamar al centro de atención telefónica de «Housing Is Key» al (833) 430-2122. Como parte del acuerdo, los tiempos de espera en el centro de atención telefónica no deben ser significativamente más largos para los inquilinos que para los propietarios. Ahora se permite a los solicitantes añadir y modificar sus datos de contacto por teléfono, lo que incluye añadir nuevos representantes externos. Los inquilinos también pueden llamar para averiguar la fecha en que se emitió su notificación de denegación original.
12. ¿A dónde pueden acudir los inquilinos para recibir ayuda con su solicitud?
La Red de Colaboradores Locales es una red de organizaciones comunitarias que pueden ayudar a resolver problemas relacionados con las solicitudes y los recursos. Como parte del acuerdo, el HCD financiará íntegramente este programa para que los solicitantes a los que se les haya denegado la ayuda al alquiler tengan acceso a ayuda externa para presentar sus recursos y navegar por el sistema en línea.
Si necesita ayuda con su solicitud o para recurrir una denegación, debe llamar a la Red de Socios Locales al (833) 687-0967 para que le pongan en contacto con una organización comunitaria, un grupo de inquilinos o un proveedor de servicios jurídicos que pueda ayudarle.
13. ¿A quién puede acudir un inquilino en busca de ayuda si todavía está a la espera de una resolución sobre su solicitud, pero se enfrenta ahora a un desahucio?
Si un inquilino ha recibido una notificación de impago por una deuda de alquiler y/o se le ha notificado una demanda de desahucio (por ocupación ilegal), puede encontrar información sobre servicios jurídicos en su zona en https://www.lawhelpca.org/issues/housing.
14. ¿Cómo se hará cumplir el acuerdo?
Los abogados que presentaron esta demanda se mantendrán en contacto con HCD para asegurarse de que los términos del acuerdo se están cumpliendo correctamente. Si HCD no cumple con el acuerdo, los abogados intentarán colaborar con HCD para encontrar una solución a cualquier problema que surja. Si eso no funciona, los abogados podrán solicitar al tribunal que ordene a HCD cumplir con el acuerdo.
HCD publicará mensualmente en su página web nueva información sobre el programa, entre la que se incluye:
- El número de solicitudes pendientes de resolución y su estado;
- El número de denegaciones, desglosado por código postal, raza y origen étnico;
- El número de recursos aún pendientes;
- El número de recursos denegados o estimados.
15. ¿Dónde puedo encontrar los documentos legales y más información sobre este pleito, ACCE contra HCD?
- Para consultar el acuerdo firmado, haz clic aquí.
- Para obtener una visión general de la evolución de los casos y de los documentos jurídicos más importantes, haz clic aquí.
Defensores de los derechos de los inquilinos logran un acuerdo histórico en nombre de los californianos que se enfrentan a deudas de alquiler acumuladas durante la pandemia
El acuerdo exige que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California ofrezca a los solicitantes cuya solicitud esté pendiente o haya sido denegada una oportunidad justa de recibir ayudas al alquiler por la COVID-19.
LOS ÁNGELES – 5 de junio de 2023 – Se ha alcanzado un acuerdo histórico en un caso presentado por defensores de los derechos de los inquilinos, en el que se alegaba que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California (HCD) gestionó de forma inconstitucional el Programa Estatal de Ayuda de Emergencia para el Alquiler por la COVID-19 (ERAP o «Housing is Key»), lo que ha provocado que solicitantes que cumplían los requisitos se hayan quedado sin la ayuda que se les prometió después de que la pandemia destruyera los medios de vida de muchos californianos. Más de 100 000 hogares siguen a la espera de una resolución sobre sus solicitudes, y muchos de ellos están recibiendo notificaciones de desahucio y sufriendo acoso por parte de sus arrendadores por el alquiler que aún adeudan. El acuerdo extrajudicial ofrecerá una nueva oportunidad a los solicitantes que permanecen en el limbo para recibir la ayuda al alquiler por la COVID-19, que sigue siendo esencial para apoyar y estabilizar a las familias a medida que se agrava la crisis de la vivienda y de las personas sin hogar en California.
El Programa de Ayuda de Emergencia para el Alquiler por la COVID-19 de California se creó para proporcionar ayuda directa a las familias con bajos ingresos que tenían dificultades para pagar el alquiler durante la pandemia. La Alianza de Californianos para el Empoderamiento Comunitario (ACCE Action), Strategic Actions for a Just Economy (SAJE) y PolicyLink —representadas por el Western Center on Law & Poverty, Public Counsel, la Legal Aid Foundation of Los Ángeles y Covington & Burling LLP— demandaron al HCD en junio de 2022 por varias deficiencias sistémicas del programa, entre ellas un proceso de solicitud confuso que provocó que a inquilinos que cumplían los requisitos se les denegara indebidamente la ayuda.
«El programa de ayuda al alquiler tenía como objetivo proporcionar estabilidad en la vivienda a las familias de bajos ingresos afectadas por la COVID-19, pero los retrasos y las deficiencias hicieron que demasiadas familias que cumplían los requisitos se enfrentaran a un desahucio al no poder acceder a esta ayuda fundamental», afirmó Madeline Howard, abogada principal del Western Center on Law & Poverty. «Tenemos la esperanza de que este acuerdo brinde a estos inquilinos la oportunidad de recibir por fin la ayuda que necesitan».
«Este acuerdo mitigará algunas de las peores repercusiones a largo plazo de la pandemia de la COVID-19 en nuestras comunidades locales, y en Covington nos sentimos muy orgullosos de colaborar con nuestros abogados asociados y nuestros clientes en esta importante labor», afirmó Neema Sahni, socia de Covington & Burling LLP.
California destinó más de 6.000 millones de dólares en ayudas al alquiler procedentes del gobierno estatal y federal para el programa «Housing is Key», que llegó en un momento crítico y debería haber supuesto una gran diferencia para los cientos de miles de familias afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia. Más de medio millón de hogares solicitaron acogerse al programa. Hasta la fecha, el HCD ha denegado la solicitud a casi el 30 % de los solicitantes, según un análisis de los datos del programa realizado por el National Equity Atlas (una colaboración de investigación entre PolicyLink y el USC Dornsife Equity Research Institute). La gran mayoría de los solicitantes rechazados (el 93 %) tienen ingresos inferiores al 80 % de la renta mediana de la zona, que es el umbral de ingresos para poder optar al programa. Los inquilinos no recibieron ninguna explicación satisfactoria de por qué se les denegaba la ayuda que necesitaban para evitar el desahucio, y muchos tuvieron dificultades para acceder al proceso de recurso.
«Presentamos esta demanda porque empezamos a observar un fuerte aumento en el número de denegaciones a inquilinos que sabíamos que cumplían los requisitos, incluidos clientes de organizaciones de asistencia jurídica de todo el estado, que dependían de las ayudas al alquiler para mantener su vivienda y no acabar en la calle», afirmó Faizah Malik, abogada supervisora sénior de Public Counsel. «Con la resolución del caso, muchos miles de familias tendrán otra oportunidad de recibir la ayuda que se les prometió».
Como parte del acuerdo, el HCD se ha comprometido a adoptar varias medidas para mejorar su proceso de tramitación de las solicitudes pendientes del ERAP, entre las que se incluyen:
- Proporcionar a los inquilinos a los que se les vaya a denegar la totalidad o parte de la ayuda solicitada una explicación detallada del motivo de la denegación, para que puedan subsanar los problemas relacionados con la solicitud y tengan una oportunidad justa de presentar un recurso;
- Garantizar que los inquilinos sujetos a la «recuperación» de los fondos de ayuda al alquiler tengan una oportunidad justa de impugnar la decisión del Estado;
- Facilitar el acceso al procedimiento de recurso;
- Ampliar la financiación destinada a la Red de Socios Locales, que ayudará a los inquilinos a gestionar sus solicitudes y recursos pendientes;
- Llevar a cabo una auditoría de las denegaciones anteriores para corregir las denegaciones indebidas de asistencia; y
- Ofrecer una mayor transparencia sobre quién recibe ayudas para el alquiler y quién no, con datos sobre la raza, el origen étnico y el código postal de las personas a las que se les ha denegado la ayuda.
Los inquilinos que hayan estado a la espera de una resolución sobre sus solicitudes recibirán información actualizada en los próximos meses y deben consultar periódicamente su correo electrónico, el portal de solicitudes y el correo postal para ver si hay notificaciones. Los inquilinos que hayan sido desahuciados o se hayan mudado desde que solicitaron la ayuda al alquiler deben ponerse en contacto con el programa «Housing is Key» para actualizar sus datos de contacto y asegurarse de recibir cualquier notificación importante. Aquellos a los que se les deniegue la solicitud dispondrán de 30 días para presentar un recurso.
«SAJE ha ayudado a cientos de inquilinos con sus solicitudes de ayuda para el pago del alquiler, y muchos de los inquilinos más vulnerables siguen en lista de espera, confundidos y asustados», afirmó Cynthia Strathmann, directora ejecutiva de SAJE. «Esperamos que los inquilinos reciban por fin la información que necesitan para que se aprueben sus solicitudes y puedan saldar su deuda de alquiler acumulada durante la pandemia, una importante fuente de estrés y acoso continuos».
«Este caso nos ha permitido entrar en contacto con muchísimas familias que han sido desahuciadas o que se enfrentan a un desahucio a causa de la pandemia de la COVID-19», afirmó Jonathan Jager, abogado de LAFLA. «Animamos a todos los inquilinos que aún estén a la espera de una decisión del ERAP a que no pierdan la esperanza. Mantengan actualizada su información de contacto en Housing is Key y pónganse en contacto con la Red de Colaboradores Locales si tienen alguna duda sobre las comunicaciones que reciban del programa».
La deuda por alquiler en California sigue en niveles críticos: se estima que 688 000 hogares de todo el estado están atrasados en el pago del alquiler, según el National Equity Atlas. En conjunto, deben casi 2.6 mil millones de dólares en concepto de deuda por alquiler, con una deuda media por hogar que ronda los 3.700 dólares. La gran mayoría de estos inquilinos son personas de color con bajos ingresos que han sufrido pérdidas de empleo e ingresos a causa de la pandemia. Esta deuda persistente y creciente pone aún más de manifiesto la importancia de este acuerdo para que las familias puedan permanecer en sus hogares y para frenar la oleada de desahucios que ha seguido al fin de las moratorias de desahucio por la pandemia.
«Lo perdí todo por problemas con el programa de ayuda al alquiler. Justo antes de la pandemia, invertí los ahorros de toda mi vida en abrir un restaurante. Luego me vi obligado a cerrarlo y, como consecuencia, perdí mis ingresos, mi negocio y todos mis ahorros al intentar conservar lo que tenía. Solicité la ayuda para el alquiler y, al principio, me la denegaron sin dar ninguna explicación. Luego presenté un recurso, me la concedieron, pero llevo ya casi dos años esperando a que me llegue el dinero. Intenté llamar al programa en busca de ayuda decenas de veces, pero no obtuve ninguna respuesta. Al cabo de un año de espera por la ayuda, mi casero me presionó para que me marchara y me quedé sin hogar. Se han destruido miles de vidas por no haber hecho llegar a las familias el dinero que les corresponde. Tengo la esperanza de que este acuerdo nos acerque por fin a algún tipo de alivio», afirmó Blake Phillips, antiguo residente de Los Ángeles.
«Al crear el programa de ayuda al pago del alquiler por la COVID-19, el Estado se comprometió a cubrir el 100 % de la deuda de alquiler acumulada durante la pandemia por parte de los inquilinos de California. Presentamos este caso para garantizar que el Estado cumpliera esa promesa, de modo que cientos de miles de californianos pudieran sobrevivir a la pandemia», afirmó Jefferson McGee, presidente de la Junta Estatal de la Alianza de Californianos para el Empoderamiento Comunitario ( ACCE). «La vivienda es salud y la vivienda es un derecho humano, y seguiremos luchando para que eso sea una realidad para nuestros miembros».
Para obtener más información sobre los detalles del acuerdo, consulte: http://CARentRelief.org
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Para consultas de los medios de comunicación, envía un correo electrónico a Alex Comisar aquí.
Acerca de los colectivos que han interpuesto esta demanda
La Alianza de Californianos para el Empoderamiento Comunitario (ACCE Action), Acciones Estratégicas para una Economía Justa (SAJE) y PolicyLink —representadas por el Western Center on Law & Poverty, Public Counsel, la Fundación de Asistencia Jurídica de Los Ángeles y Covington & Burling LLP— demandaron al HCD en junio de 2022 por varias deficiencias sistémicas del programa, entre ellas un proceso de solicitud confuso que provocó que a inquilinos que cumplían los requisitos se les denegara indebidamente la ayuda.
Demandantes
Alianza de Californianos para la Acción en favor del Empoderamiento Comunitario (ACCE Action)
- La Alianza de Californianos para el Empoderamiento Comunitario (ACCE) es una organización comunitaria de base, dirigida por sus miembros y de ámbito estatal, que cuenta con más de 16 000 miembros en toda California. La ACCE se dedica a dar voz a los californianos de a pie, barrio a barrio, para luchar por las políticas y los programas que necesitamos para mejorar nuestras comunidades y crear un futuro mejor.
Acciones Estratégicas para una Economía Justa (SAJE)
- SAJE es una organización sin ánimo de lucro 501(c)(3) del sur de Los Ángeles que fomenta el poder y el liderazgo de la comunidad en pro de la justicia económica. Fundada en 1996, SAJE se centra en los derechos de los inquilinos, la vivienda saludable y el desarrollo equitativo. SAJE ofrece un servicio de asesoramiento jurídico periódico para inquilinos, ayuda a los residentes locales a encontrar empleo, organiza campañas en defensa de los derechos de los inquilinos y lucha por que la comunidad se beneficie de los futuros proyectos de desarrollo mediante acuerdos privados y políticas públicas. Creemos que todo el mundo, independientemente de sus ingresos o contactos, debe tener voz a la hora de crear las políticas que dan forma a nuestra ciudad, y que el destino de los barrios de la ciudad debe ser decidido por quienes viven en ellos, de una manera justa, replicable y sostenible.
- PolicyLink es un instituto nacional de investigación y acción que promueve la equidad racial y económica mediante la iniciativa «Lifting Up What Works®». En colaboración con socios locales y nacionales, PolicyLink trabaja para garantizar que todas las personas de Estados Unidos —especialmente aquellas que sufren las consecuencias del racismo estructural— puedan participar en una sociedad justa, vivir en una comunidad saludable y llena de oportunidades, y prosperar en una economía equitativa. PolicyLink se rige por la convicción de que las soluciones a los retos de la nación residen en quienes están más cerca de ellos.
Asesor jurídico
Centro Occidental sobre Derecho y Pobreza
- El Western Center on Law & Poverty ( ) lucha en los tribunales, en las ciudades, en los condados y en el Capitolio para garantizar la vivienda, la asistencia sanitaria y una sólida red de protección social a los californianos con bajos ingresos, desde la perspectiva de la justicia económica y racial.
- Public Counsel es un bufete de abogados sin ánimo de lucro dedicado a la defensa del interés público, cuyo objetivo es promover los derechos civiles y la justicia racial y económica, así como potenciar la capacidad de nuestros clientes mediante una defensa jurídica integral. Fundada y fortalecida sobre la base de un modelo de servicios jurídicos pro bono, nuestra plantilla y nuestros voluntarios buscan la justicia a través de servicios jurídicos directos, promueven comunidades sanas y resilientes mediante la educación y la divulgación, y apoyan las iniciativas lideradas por la comunidad para transformar los sistemas injustos mediante litigios y la defensa de políticas, tanto en Los Ángeles como fuera de ella.
Fundación de Asistencia Jurídica de Los Ángeles
- La Fundación de Asistencia Jurídica de Los Ángeles (LAFLA) es un bufete de abogados sin ánimo de lucro cuyo objetivo es lograr la igualdad ante la justicia para las personas que viven en situación de pobreza en el área metropolitana de Los Ángeles. LAFLA cambia vidas mediante la representación directa, la transformación de los sistemas y el empoderamiento de la comunidad. Cuenta con cinco oficinas en el condado de Los Ángeles, además de cuatro centros de acceso jurídico de autoayuda ubicados en los juzgados de la zona y tres centros de atención a víctimas de violencia doméstica para ayudar a las personas que han sufrido este tipo de violencia.
- En un mundo cada vez más regulado, Covington & Burling LLP ofrece su experiencia en derecho mercantil, litigios y normativa para ayudar a sus clientes a afrontar sus problemas empresariales, operaciones y disputas más complejos. Fundado en 1919, el bufete cuenta con más de 1.300 abogados repartidos en sus oficinas de Pekín, Bruselas, Dubái, Fráncfort, Johannesburgo, Londres, Los Ángeles, Nueva York, Palo Alto, San Francisco, Seúl, Shanghái y Washington. Desde su fundación, Covington ha demostrado un firme compromiso con el servicio público. El bufete es reconocido con frecuencia por su labor pro bono, lo que incluye haber sido clasificado en 11 ocasiones como el bufete número uno en práctica pro bono en EE. UU. por la revista The American Lawyer.
Defensores de los derechos de los inquilinos logran un acuerdo histórico en nombre de los californianos que se enfrentan a deudas de alquiler acumuladas durante la pandemia
El acuerdo exige que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California ofrezca a los solicitantes cuya solicitud esté pendiente o haya sido denegada una oportunidad justa de recibir ayudas al alquiler por la COVID-19.
LOS ÁNGELES, 31 de mayo de 2023 —Se ha alcanzado un acuerdo histórico en un caso presentado por defensores de los derechos de los inquilinos, en el que se alegaba que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California (HCD) gestionó de forma inconstitucional el Programa Estatal de Ayuda de Emergencia para el Alquiler por la COVID-19 (ERAP o «Housing is Key»), lo que ha provocado que solicitantes que cumplían los requisitos se hayan quedado sin la ayuda que se les prometió después de que la pandemia destruyera los medios de vida de muchos californianos. Más de 100 000 hogares siguen a la espera de una resolución sobre sus solicitudes, y muchos de ellos están recibiendo notificaciones de desahucio y sufriendo acoso por parte de sus arrendadores por el alquiler que aún adeudan. El acuerdo extrajudicial ofrecerá una nueva oportunidad a los solicitantes que permanecen en el limbo para recibir la ayuda al alquiler por la COVID-19, que sigue siendo esencial para apoyar y estabilizar a las familias a medida que se agrava la crisis de la vivienda y de las personas sin hogar en California.
El Programa de Ayuda de Emergencia para el Alquiler por la COVID-19 de California se creó para proporcionar ayuda directa a las familias con bajos ingresos que tenían dificultades para pagar el alquiler durante la pandemia. La Alianza de Californianos para el Empoderamiento Comunitario (ACCE Action), Strategic Actions for a Just Economy (SAJE) y PolicyLink —representadas por el Western Center on Law & Poverty, Public Counsel, la Legal Aid Foundation of Los Ángeles y Covington & Burling LLP— demandaron al HCD en junio de 2022 por varias deficiencias sistémicas del programa, entre ellas un proceso de solicitud confuso que provocó que a inquilinos que cumplían los requisitos se les denegara indebidamente la ayuda.
«El programa de ayuda al alquiler tenía como objetivo proporcionar estabilidad en la vivienda a las familias de bajos ingresos afectadas por la COVID-19, pero los retrasos y las deficiencias hicieron que demasiadas familias que cumplían los requisitos se enfrentaran a un desahucio al no poder acceder a esta ayuda fundamental», afirmó Madeline Howard, abogada principal del Western Center on Law & Poverty. «Tenemos la esperanza de que este acuerdo brinde a estos inquilinos la oportunidad de recibir por fin la ayuda que necesitan».
«Este acuerdo mitigará algunas de las peores repercusiones a largo plazo de la pandemia de la COVID-19 en nuestras comunidades locales, y en Covington nos sentimos muy orgullosos de colaborar con nuestros abogados asociados y nuestros clientes en esta importante labor», afirmó Neema Sahni, socia de Covington & Burling LLP.
California destinó más de 6.000 millones de dólares en ayudas al alquiler procedentes del gobierno estatal y federal para el programa «Housing is Key», que llegó en un momento crítico y debería haber supuesto una gran diferencia para los cientos de miles de familias afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia. Más de medio millón de hogares solicitaron acogerse al programa. Hasta la fecha, el HCD ha denegado la solicitud a casi el 30 % de los solicitantes, según un análisis de los datos del programa realizado por el National Equity Atlas (una colaboración de investigación entre PolicyLink y el USC Dornsife Equity Research Institute). La gran mayoría de los solicitantes rechazados (el 93 %) tienen ingresos inferiores al 80 % de la renta mediana de la zona, que es el umbral de ingresos para poder optar al programa. Los inquilinos no recibieron ninguna explicación satisfactoria de por qué se les denegaba la ayuda que necesitaban para evitar el desahucio, y muchos tuvieron dificultades para acceder al proceso de recurso.
«Presentamos esta demanda porque empezamos a observar un fuerte aumento en el número de denegaciones a inquilinos que sabíamos que cumplían los requisitos, incluidos clientes de organizaciones de asistencia jurídica de todo el estado, que dependían de las ayudas al alquiler para mantener su vivienda y no acabar en la calle», afirmó Faizah Malik, abogada supervisora sénior de Public Counsel. «Con la resolución del caso, muchos miles de familias tendrán otra oportunidad de recibir la ayuda que se les prometió».
Como parte del acuerdo, el HCD se ha comprometido a adoptar varias medidas para mejorar su proceso de tramitación de las solicitudes pendientes del ERAP, entre las que se incluyen:
- Proporcionar a los inquilinos a los que se les vaya a denegar la totalidad o parte de la ayuda solicitada una explicación detallada del motivo de la denegación, para que puedan subsanar los problemas relacionados con la solicitud y tengan una oportunidad justa de presentar un recurso;
- Garantizar que los inquilinos sujetos a la «recuperación» de los fondos de ayuda al alquiler tengan una oportunidad justa de impugnar la decisión del Estado;
- Facilitar el acceso al procedimiento de recurso;
- Ampliar la financiación destinada a la Red de Socios Locales, que ayudará a los inquilinos a gestionar sus solicitudes y recursos pendientes;
- Llevar a cabo una auditoría de las denegaciones anteriores para corregir las denegaciones indebidas de asistencia;
- Mejorar el acceso lingüístico y los procedimientos de adaptaciones razonables; y
- Ofrecer una mayor transparencia sobre quién recibe ayudas para el alquiler y quién no, con datos sobre la raza, el origen étnico y el código postal de las personas a las que se les ha denegado la ayuda.
Los inquilinos que hayan estado a la espera de una resolución sobre sus solicitudes recibirán información actualizada en los próximos meses y deben consultar periódicamente su correo electrónico, el portal de solicitudes y el correo postal para ver si hay notificaciones. Los inquilinos que hayan sido desahuciados o se hayan mudado desde que solicitaron la ayuda al alquiler deben ponerse en contacto con el programa «Housing is Key» para actualizar sus datos de contacto y asegurarse de recibir cualquier notificación importante. Aquellos a los que se les deniegue la solicitud dispondrán de 30 días para presentar un recurso.
«SAJE ha ayudado a cientos de inquilinos con sus solicitudes de ayuda para el pago del alquiler, y muchos de los inquilinos más vulnerables siguen en lista de espera, confundidos y asustados», afirmó Cynthia Strathmann, directora ejecutiva de SAJE. «Esperamos que los inquilinos reciban por fin la información que necesitan para que se aprueben sus solicitudes y puedan saldar su deuda de alquiler acumulada durante la pandemia, una importante fuente de estrés y acoso continuos».
«Este caso nos ha permitido entrar en contacto con muchísimas familias que han sido desahuciadas o que se enfrentan a un desahucio a causa de la pandemia de la COVID-19», afirmó Jonathan Jager, abogado de LAFLA. «Animamos a todos los inquilinos que aún estén a la espera de una decisión del ERAP a que no pierdan la esperanza. Mantengan actualizada su información de contacto en Housing is Key y pónganse en contacto con la Red de Colaboradores Locales si tienen alguna duda sobre las comunicaciones que reciban del programa».
La deuda por alquiler en California sigue en niveles críticos: se estima que 688 000 hogares de todo el estado están atrasados en el pago del alquiler, según el National Equity Atlas. En conjunto, deben casi 2.6 mil millones de dólares en concepto de deuda por alquiler, con una deuda media por hogar que ronda los 3.700 dólares. La gran mayoría de estos inquilinos son personas de color con bajos ingresos que han sufrido pérdidas de empleo e ingresos a causa de la pandemia. Esta deuda persistente y creciente pone aún más de manifiesto la importancia de este acuerdo para que las familias puedan permanecer en sus hogares y para frenar la oleada de desahucios que ha seguido al fin de las moratorias de desahucio por la pandemia.
«Lo perdí todo por problemas con el programa de ayuda al alquiler. Justo antes de la pandemia, invertí los ahorros de toda mi vida en abrir un restaurante. Luego me vi obligado a cerrarlo y, como consecuencia, perdí mis ingresos, mi negocio y todos mis ahorros al intentar conservar lo que tenía. Solicité la ayuda para el alquiler y, al principio, me la denegaron sin dar ninguna explicación. Luego presenté un recurso, me la concedieron, pero llevo ya casi dos años esperando a que me llegue el dinero. Intenté llamar al programa en busca de ayuda decenas de veces, pero no obtuve ninguna respuesta. Al cabo de un año de espera por la ayuda, mi casero me presionó para que me marchara y me quedé sin hogar. Se han destruido miles de vidas por no haber hecho llegar a las familias el dinero que les corresponde. Tengo la esperanza de que este acuerdo nos acerque por fin a algún tipo de alivio», afirmó Blake Phillips, antiguo residente de Los Ángeles.
«Al crear el programa de ayuda al pago del alquiler por la COVID-19, el Estado se comprometió a cubrir el 100 % de la deuda de alquiler acumulada durante la pandemia por parte de los inquilinos de California. Presentamos este caso para garantizar que el Estado cumpliera esa promesa, de modo que cientos de miles de californianos pudieran sobrevivir a la pandemia», afirmó Jefferson McGee, presidente de la Junta Estatal de la Alianza de Californianos para el Empoderamiento Comunitario ( ACCE). «La vivienda es salud y la vivienda es un derecho humano, y seguiremos luchando para que eso sea una realidad para nuestros miembros».
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