El reconocimiento del derecho a la alfabetización

El caso «Ella T. contra el Estado de California» fue una demanda histórica en materia de derechos educativos presentada en 2017 por Public Counsel y Morrison & Foerster en nombre de alumnos de color de bajos ingresos de California, quienes alegaban que el Estado no había garantizado un acceso significativo a la alfabetización y, por lo tanto, estaba violando el derecho constitucional de los alumnos a una educación básica sólida, tal y como establece la Constitución del Estado. Fue la primera acción de derechos civiles interpuesta al amparo de una constitución estatal para proteger el derecho de los alumnos al acceso a la alfabetización. Los demandantes, entre los que se encontraban diez estudiantes, padres, antiguos profesores y organizaciones comunitarias (CADRE y Fathers & Families of San Joaquin), denunciaron las condiciones sistémicas de las escuelas con peor rendimiento del estado, entre las que se incluían una grave inestabilidad del profesorado, la falta de intervención con los alumnos con dificultades de lectura, materiales didácticos inadecuados y un ambiente escolar que impedía a los niños aprender a leer.

A través de las experiencias vividas por los demandantes identificados, la demanda afirmaba que la alfabetización es un requisito previo fundamental para la educación, la participación ciudadana y las oportunidades económicas, y argumentaba que la inacción del Estado a la hora de abordar las deficiencias extremas en materia de alfabetización violaba los derechos de los alumnos recogidos en la Constitución de California. Aunque los alumnos demandantes asistían a las tres escuelas con peor rendimiento del estado, sus experiencias no eran casos aislados. En el momento de interponerse la demanda, California contaba con once de los veintiséis distritos con peor rendimiento, incluidos tres de los diez distritos con peor rendimiento. Los alumnos no solo no leían ni escribían al nivel exigido para su curso, sino que muchos alumnos de color y de bajos ingresos que asistían a las escuelas con peor rendimiento eran expulsados de los centros y corrían el riesgo de sufrir prácticas disciplinarias desproporcionadas y de entrar en la «cadena de la escuela a la cárcel». Esto dibujaba un panorama desolador del fracaso a nivel estatal a la hora de garantizar que se cumpliera la promesa de una educación básica para todos los alumnos, un fracaso que afectaba de manera desproporcionada a los alumnos de color con bajos ingresos.

En febrero de 2020, tras una victoria frente al intento del Estado de desestimar la demanda, las partes alcanzaron un acuerdo sin precedentes que transformó el derecho constitucional estatal, consagrando la alfabetización como una cuestión de derechos civiles y de acceso constitucional. Como afirmó Mark Rosenbaum: «El derecho a leer no es solo la piedra angular de la educación, es la piedra angular de nuestra democracia». Sin él, seguimos construyendo un futuro basado en la ilusión de que los que tienen compiten en igualdad de condiciones con los que no tienen. Este acuerdo revolucionario, que llega casi 70 largos años despuésdel caso Brown contra la Junta Escolar, no pone fin a esa lucha, sino que la revitaliza con el poder de los niños y sus comunidades, que insisten en la igualdad de oportunidades para contar sus historias y rehacer California a imagen y semejanza de todos».

El acuerdo incluía diversas medidas para mejorar la alfabetización en California, entre cuyas disposiciones clave figuraban las siguientes:

• 50 millones de dólares en subvenciones en bloque destinadas a 75 colegios de primaria con bajo rendimiento, con el fin de queelaboren y pongan en práctica planes de acción personalizados de tres años de duración en materia de alfabetización, lo que permitirá a los centros invertir en prácticas basadas en la evidencia para mejorar la alfabetización de los alumnos, tales como tutores de alfabetización, auxiliares docentes, formación continua, planes de estudios adaptados a la cultura, justicia restaurativa y recursos que tengan en cuenta el trauma.
• Adopción de un enfoque integral de la alfabetización: se exige a los beneficiarios de las subvenciones en bloque que den prioridad a la participación de la comunidad y que realicen un análisis de las causas fundamentales que examine los factores pedagógicos, el ambiente escolar y los factores socioemocionales que han dado lugar a un bajo rendimiento de los alumnos. 
• Un cambio en las prácticas disciplinarias punitivas en los centros educativos, que incluye la publicación de directrices estatales para reducir las medidas disciplinarias desproporcionadas desde el punto de vista racial, la creación de una comisión de expertos sobre medidas disciplinarias excluyentes y la organización de un acto público para debatir alternativas a las prácticas disciplinarias perjudiciales.
• 3 millones de dólares destinados a la creación de un «responsable experto en alfabetización» a nivel estatal, cuya labor consistirá en reforzar la infraestructura de alfabetización y las oportunidades de formación del estado, así como en prestar asistencia a los beneficiarios de las subvenciones.

En octubre de 2025, California reformó en profundidad su plan de estudios de alfabetización lectora con la aprobación del Proyecto de Ley 1454 de la Asamblea, promulgado por el gobernador Newsom. Esta legislación de gran alcance adoptó las principales reformas del acuerdo «Ella T.», que se pusieron a prueba en las 75 escuelas con peor rendimiento y se implementaron a través de un consorcio de funcionarios estatales que supervisaron el proceso de introducción del plan de estudios basado en la ciencia de la lectura y la formación dirigida a las escuelas locales, los padres, los cuidadores y los grupos comunitarios. La legislación también ordenó a la Junta Estatal de Educación que adoptara y dotara a todas las aulas de materiales de lectura de alta calidad y alineados con la investigación, incluidos recursos para estudiantes de inglés, y exigió que el plan de estudios se ajustara al Marco Estatal de Artes del Lenguaje Inglés y Desarrollo del Lenguaje Inglés para apoyar a los estudiantes bilingües y multilingües.

El acuerdo ha sido ampliamente calificado como un éxito, ya que los resultados muestran las mayores mejoras en la competencia lectora jamás registradas. Public Counsel seguirá supervisando los avances en relación con la legislación y el impacto del acuerdo.