Tres años después de que se legalizara la venta ambulante en las aceras de California y Los Ángeles, los vendedores ambulantes de comida siguen siendo multados y acosados por las fuerzas del orden
Un nuevo informe elaborado por Public Counsel y la Clínica de Desarrollo Económico Comunitario de la Facultad de Derecho de la UCLA pone de manifiesto cómo unas leyes alimentarias poco conocidas y mal diseñadas hacen que, en la práctica, sea ilegal para la mayoría de los vendedores ambulantes vender comida, a pesar de los esfuerzos históricos realizados para legalizar esta actividad. En 2018, el Estado de California y la ciudad de Los Ángeles aprobaron una legislación para legalizar la venta ambulante. Sin embargo, tres años después, según el informe, «la mayoría de los vendedores ambulantes de comida siguen expuestos a la amenaza diaria de recibir multas, sufrir acoso y pagar sanciones, lo que perpetúa un ciclo interminable de criminalización y pobreza».
El Ayuntamiento de Los Ángeles comenzó a expedir sus licencias de venta ambulante en 2020, pero solo ha concedido 165 licencias a vendedores ambulantes de comida, a pesar de que se estima que hay unos diez mil vendedores que cumplen los requisitos. El informe, titulado«ASUNTOS PENDIENTES: Cómo la normativa alimentaria priva a los vendedores ambulantes de oportunidades y qué se puede hacer para completar la legalización de la comida callejera», reveló que una compleja red de leyes estatales y locales anticuadas y mal adaptadas es la responsable de este desajuste entre las aspiraciones políticas y la realidad sobre el terreno. Por ejemplo:
- Un vendedor ambulante de alimentos que desee obtener una licencia del condado de Los Ángeles debe pasar por varias oficinas, conseguir numerosos documentos previos sin contar con el apoyo adecuado y seguir un proceso enrevesado que solo se explica en inglés. La venta de alimentos sin envasar conlleva unos costes iniciales mínimos de 10 000 dólares, además de 5 000 dólares en tasas anuales. Para los trabajadores que ganan una media de tan solo 15 000 dólares al año, esto supone una prohibición.
- Los carritos de los vendedores ambulantes deben cumplir las normas de equipamiento establecidas para los camiones de comida de gran tamaño. Esto incluye requisitos relativos a fregaderos integrados de varios compartimentos, instalaciones de fontanería, ventilación, refrigeración y almacenamiento de alimentos de gran capacidad. Estos requisitos de diseño hacen que los pocos carritos disponibles en el mercado cuesten miles de dólares, y muchos sean «demasiado grandes para la mayoría de las aceras y demasiado pesados para empujarlos».
- El Código de Alimentos al Por Menor de California (CRFC) prohíbe cortar fruta, recalentar o mantener calientes alimentos ya preparados en un carrito de comida sin cubierta, lo que «impide el desarrollo de las funciones principales de dos de las actividades de venta ambulante más emblemáticas del sur de California: el carrito de fruta y el puesto de tacos».
El informe propone numerosas reformas para reducir las barreras normativas y promover la venta segura de comida en las aceras, y llega en un momento crítico, ya que los vendedores ambulantes se han visto devastados económicamente por la pandemia, pero siguen sin poder acceder a la economía formal y son con frecuencia objeto de actuaciones por parte de las fuerzas del orden. Las redadas suelen ser llevadas a cabo por agentes del sheriff que no tienen competencia para hacer cumplir las normas de seguridad alimentaria. El informe recoge testimonios y puntos de vista de vendedores ambulantes que intentan lidiar con el sistema de concesión de permisos del condado, lo que demuestra que, en lugar de ayudar a los vendedores a superar las barreras, las autoridades locales castigan las infracciones con multas y la incautación de los carritos, privando así a los vendedores de su medio de vida.
