20 de mayo de 2016 – En una resolución clave, al amparo de la Constitución y de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, en defensa de las personas sin hogar con discapacidad mental, el juez Dean D. Pregerson desestimó la solicitud del condado de que se dictara sentencia sobre la base de los escritos, permitiendo así que un grupo de antiguos reclusos de las cárceles del condado de Los Ángeles, personas sin hogar con discapacidad mental, pudiera continuar con su demanda para modificar la forma en que las cárceles del condado de Los Ángeles dan de alta a los reclusos con discapacidad mental.
Los intervinientes, representados por Public Counsel y Munger, Tolles & Olson LLP, alegan que las disposiciones sobre la planificación de la puesta en libertad de la cárcel recogidas en el acuerdo transaccional del casoEstados Unidos de América contra el condado de Los Ángeles y el sheriff Jim McDonnell(n.º de caso 15-cv-05903) no tienen debidamente en cuenta ni abordan las necesidades de los reclusos con discapacidad mental con arreglo a la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y violan la Constitución de los Estados Unidos. Los intervinientes solicitan que se modifiquen las disposiciones sobre la planificación de la puesta en libertad del acuerdo, ya que no les proporcionan un acceso efectivo a los servicios esenciales de salud mental, médicos y sociales tras su puesta en libertad de la cárcel.
«Los intervenientes han sido puestos en libertad, a menudo en una situación más vulnerable y menos estable que cuando ingresaron en el sistema penitenciario», afirmóel juezPregersonen su sentencia. «A algunos reclusos se les concede la libertad… de una forma que les permite acceder a los servicios, programas y actividades estatales. A los intervenientes, cuya forma de puesta en libertad se determina supuestamente en función de sus discapacidades concretas, no se les concede ese mismo acceso».
La falta de una planificación adecuada del alta perpetúa el ciclo que lleva de Skid Row a la cárcel y agrava la situación de las personas sin hogar en Los Ángeles, que ya se encuentra en niveles de emergencia. Los intervinientes solicitarán que se modifique el acuerdo para garantizar que se proporcione una planificación del alta significativa a todas las personas con discapacidad mental cuando salgan de las cárceles del condado.
«La sentencia del tribunal ofrece una esperanza real de que se pueda hacer algo positivo para poner fin al ciclo de “de Skid Row a la cárcel” que genera y perpetúa la situación de personas sin hogar en nuestra comunidad», afirmóMark Rosenbaum, abogado director de Public Counsel Opportunity Under Law. «La conclusión es clara: las personas con discapacidad mental no deben estar en nuestras calles ni en nuestras cárceles. Su lugar está en una vivienda con acceso a los servicios necesarios. Eso sería una victoria para todos nosotros».
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