Nos enorgullece compartir una importante victoria en nuestra lucha constante por defender el Estado de derecho y los derechos constitucionales de todos los angelinos. Un tribunal federal ha estimado nuestra solicitud de medida cautelarcontra el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. y el ICE, dictaminando que es probable que el Gobierno haya violado la Quinta Enmienda al denegar a los inmigrantes detenidos el acceso legítimo a sus abogados.
Esta sentencia cuestiona directamente las condiciones inhumanas que se dan en el B-18 —un centro de detención situado en el sótano del edificio federal del centro de Los Ángeles—, donde se ha mantenido recluidas a varias personas durante días en condiciones insalubres, sin poder realizar llamadas telefónicas, recibir visitas presenciales de sus abogados ni acceder a necesidades básicas como la medicación. A algunas personas incluso se les ha presionado para que firmaran documentos legales antes de poder hablar con un abogado.
Los abogados del Departamento de Seguridad Nacional alegaron que las reuniones legales en el interior de la sala B-18 podían celebrarse con las puertas abiertas y en presencia de agentes del ICE, llegando incluso a sugerir que los abogados podían limitarse a susurrar para mantener la confidencialidad. El tribunal rechazó rotundamente esta postura, al constatar múltiples incumplimientos continuados que justifican una supervisión constante, y amplió y reforzó las medidas de protección establecidas inicialmente en virtud de una orden de alejamiento provisional dictada en julio de 2025.
Esta decisión implica que el Gobierno debe restablecer de inmediato el acceso efectivo y confidencial a un abogado para todas las personas detenidas en el centro B-18, y supone un paso importante para garantizar que ningún angelino que se enfrente al poder del Gobierno federal se quede solo.
Nuestra lucha está lejos de haber terminado. El tribunal también ha aprobado recientemente un procedimiento acelerado de presentación de pruebas en relación con nuestras denuncias de que las patrullas itinerantes de inmigración del Gobierno han violado las garantías de la Cuarta Enmienda contra las detenciones ilegales y la discriminación racial, lo que nos abre la puerta a obtener pruebas cruciales y testimonios bajo juramento sobre las prácticas discriminatorias de los agentes de inmigración.
La sentencia de hoy reafirma un principio fundamental: la Constitución no se queda a las puertas de un centro de detención. Celebramos este importante paso adelante y mantenemos inquebrantable nuestro compromiso de defender los derechos y la dignidad de todas las personas de nuestra comunidad.
