Defensa de la dignidad y los derechos de los inmigrantes detenidos

Desde principios de 2025, las comunidades de inmigrantes de Estados Unidos viven bajo asedio. Las familias han sufrido redadas masivas ilegales en sus barrios y han visto cómo sus seres queridos desaparecían en un sistema de detención en el que se permite que persistan condiciones abusivas e ilegales, y en el que la rendición de cuentas ha desaparecido. En el sur de California, miles de personas son conducidas al Centro de Tramitación del ICE de Adelanto —uno de los centros de detención de inmigrantes más grandes del país— tras ser detenidas en redadas de inmigración. 

Toda persona —independientemente de su origen, condición o color de piel— merece ser tratada con humanidad y dignidad. Sin embargo, en el centro de Adelanto, las personas se ven sometidas a condiciones que se considerarían maltrato en casi cualquier otro contexto. A los detenidos se les niega sistemáticamente la atención médica urgente: las solicitudes de tratamiento se ignoran, se retrasan o se desestiman por no considerarse lo suficientemente graves como para merecer atención. A un hombre se le desprendió la punta de un dedo y no recibió tratamiento durante meses. A otro, que padece epilepsia, se le niega el acceso regular a la medicación y sufre convulsiones repetidas sin recibir una respuesta médica oportuna. 

Las personas con discapacidad son objeto de negligencia y abandono. Los detenidos de edad avanzada con movilidad reducida se ven obligados a subir escaleras para dormir en las literas superiores, lo que les expone a sufrir lesiones graves, ya que se les niegan las adaptaciones básicas. Al menos dos personas han fallecido bajo custodia, lo que plantea serias dudas sobre si se les prestó alguna vez la atención adecuada. 

Las condiciones en Adelanto son insalubres y peligrosas. Hay moho en las paredes. En los dormitorios se han producido brotes de enfermedades contagiosas que han obligado a ingresar a algunas personas en el hospital. Los detenidos se ven obligados a vivir en medio de la suciedad, el hambre y el frío: la comida es insuficiente y, a veces, está en mal estado; el agua potable parece sucia y tiene mal sabor; y las mantas finas no son suficientes para abrigarse. Cuando los detenidos protestan por las condiciones o alzan la voz, se enfrentan a represalias y castigos, incluido el aislamiento. Esto es cruel y degradante, y es ilegal. 

Adelanto cuenta con un largo y bien documentado historial de condiciones inseguras y abusivas, y ha sido objeto de repetidas investigaciones y condenas públicas. Sin embargo, en menos de un año, las redadas masivas del Gobierno federal hicieron que la población detenida en Adelanto pasara de apenas tres personas a casi dos mil, sin personal suficiente, sin una infraestructura médica adecuada ni las garantías básicas para proteger la salud y la seguridad. Un miembro del personal con amplia experiencia advirtió de que este aumento era «peligroso», y los inspectores estatales confirmaron esos temores, describiendo unas condiciones «alarmantes» y documentando abusos y negligencia hacia los detenidos con discapacidad, comparando el trato que recibían estos seres humanos con el de «perros en jaulas». Gestionado por la empresa penitenciaria privada con ánimo de lucro GEO Group, Adelanto es un ejemplo de un sistema en el que el confinamiento humano se monetiza y el incentivo consiste en mantener a las personas detenidas en lugar de velar por su seguridad.  

El 26 de enero de 2026, cuatro personas que se encuentran actualmente detenidas en Adelanto presentaron una propuesta de demanda colectiva en nombre de todas las personas que están o estarán detenidas allí, junto con la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA). La demanda tiene por objeto poner fin a las condiciones ilegales y peligrosas que se dan en Adelanto y garantizar protecciones exigibles, entre las que se incluyen una atención médica adecuada, adaptaciones para personas con discapacidad, condiciones seguras e higiénicas y una supervisión efectiva. 

La Constitución no se detiene en las puertas de un centro de detención, y el hecho de estar bajo custodia no priva a nadie del derecho a la atención médica básica, a un trato humano ni a la dignidad. Protege a todas las «personas» —incluidos los inmigrantes y las personas detenidas— contra los tratos crueles, la indiferencia deliberada ante las necesidades médicas y las condiciones de reclusión punitivas. La detención no puede significar la anarquía, y nadie debería ser encerrado, tratado como una mercancía u obligado a sufrir traumas simplemente por buscar seguridad u oportunidades.

ACTUALIZACIÓN: El Tribunal de Distrito celebrará una vista el10 de julio de 2026, a las 14:00 h (hora del Pacífico),en relación con las nuevas solicitudes de los demandantes para la certificación de la acción colectiva y la medida cautelar, así como con la solicitud de los demandados de desestimar la primera demanda modificada de los demandantes. Próximamente se facilitarán más detalles sobre el lugar de la vista.