Grupos comunitarios y sindicales se unen a la lucha legal para defender la medida ULA

La Medida ULA es la mayor iniciativa electoral de vivienda asequible aprobada en la historia de Los Ángeles. Fue redactada y dirigida por la coalición United to House LA y aprobada en noviembre de 2022 con el apoyo abrumador de casi el 58% de los votantes de Los Ángeles. La medida generará cientos de millones de dólares anuales a través de un impuesto único de transferencia de bienes raíces sobre las ventas de propiedades de más de 5 millones de dólares. Estos fondos se destinarán a programas que proporcionen ayuda financiera a personas mayores con bajos ingresos, ayudas al alquiler para inquilinos, la compra de apartamentos y hoteles para viviendas asequibles, la construcción de nuevas viviendas asequibles utilizando modelos tanto establecidos como innovadores, y asistencia legal para inquilinos amenazados de desahucio.

En diciembre de 2022, dos grupos de interés especial -la Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis y la Asociación de Apartamentos del Gran Los Ángeles (AAGLA)- presentaron una demanda contra la medida ante los tribunales. Su demanda nombra a la Ciudad de Los Ángeles como demandada, así como a "todas las personas interesadas en el asunto de la Medida ULA". En enero de 2023, Newcastle Courtyards LLC y Mani Benabou Family Trust presentaron otras impugnaciones ante tribunales estatales y federales. Su acción estatal se consolidó con la demanda de Howard Jarvis y AAGLA.

En febrero de 2023, grupos comunitarios, proveedores de viviendas asequibles y trabajadores organizados se unieron a la lucha legal para defender la Medida ULA contra la demanda. Public Counsel e Irell & Manella LLP representan a la Asociación de Viviendas sin Fines de Lucro del Sur de California (SCANPH), la Alianza de Trabajadores Inmigrantes del Barrio Coreano (KIWA) y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) Local 2015, que estuvieron profundamente involucrados en el desarrollo de la Medida ULA y representan a grupos que se beneficiarían de los programas de la medida.

En septiembre de 2023, el juez federal de distrito John Kronstadt desestimó la impugnación federal presentada por Newcastle Courtyards y Mani Benabou Family Trust. El juez Kronstadt determinó que el tribunal federal carecía de jurisdicción en virtud de la Ley de Interdicto Fiscal y, por lo tanto, desestimó la impugnación. Con esta sentencia, el tribunal desestimó una impugnación a la voluntad de los votantes de la ciudad. En noviembre de 2024, el Tribunal de Apelación del Noveno Circuito de los Estados Unidos confirmó la desestimación.

En octubre de 2023, la jueza Barbara Scheper, del Tribunal Superior del Estado, admitió las mociones de sentencia sobre los alegatos presentadas por Public Counsel, Irell y la ciudad de Los Ángeles, desestimando con perjuicio las dos impugnaciones estatales restantes. La jueza Scheper determinó específicamente que las demandas de los demandantes «no exponen hechos suficientes para respaldar ninguna reclamación contra ninguno de los demandados». En diciembre de 2025, el Tribunal de Apelación del Segundo Distrito de California confirmó la desestimación.