Grupos comunitarios y sindicatos se unen a la batalla legal para defender la Medida ULA

La Medida ULA es la mayor iniciativa popular sobre vivienda asequible aprobada en la historia de Los Ángeles. Fue elaborada y liderada por la coalición «United to House LA» y aprobada en noviembre de 2022 con un apoyo abrumador de casi el 58 % de los votantes de Los Ángeles. La medida generará cientos de millones de dólares al año mediante un impuesto único sobre la transmisión de bienes inmuebles que gravará las ventas de propiedades de más de 5 millones de dólares. Estos fondos se destinarán a programas que proporcionen ayuda económica a personas mayores con bajos ingresos, ayudas al alquiler para inquilinos, la adquisición de apartamentos y hoteles para viviendas asequibles, la construcción de nuevas viviendas asequibles utilizando tanto modelos consolidados como innovadores, y asistencia jurídica para inquilinos amenazados de desahucio.

En diciembre de 2022, dos grupos de interés —la Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis y la Asociación de Propietarios de Apartamentos del Gran Los Ángeles (AAGLA)— interpusieron una demanda judicial para impugnar la medida. En su demanda figuran como demandados el Ayuntamiento de Los Ángeles y «todas las personas interesadas en el asunto de la Medida ULA».  En enero de 2023, Newcastle Courtyards LLC y el Mani Benabou Family Trust presentaron recursos adicionales ante los tribunales estatales y federales. Su recurso ante el tribunal estatal se unificó con la demanda de Howard Jarvis y la AAGLA.

En febrero de 2023, diversos colectivos comunitarios, proveedores de vivienda asequible y sindicatos se sumaron a la batalla legal para defender la Medida ULA frente a la demanda. Public Counsel e Irell & Manella LLP representan a la Asociación de Vivienda sin Ánimo de Lucro del Sur de California (SCANPH), a la Alianza de Trabajadores Inmigrantes de Koreatown (KIWA) y al Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), sección local 2015, que participaron activamente en la elaboración de la Medida ULA y representan a colectivos que se beneficiarían de los programas de dicha medida.

En septiembre de 2023, el juez del Tribunal Federal de Distrito John Kronstadt desestimó el recurso federal presentado por Newcastle Courtyards y el Mani Benabou Family Trust. El juez Kronstadt determinó que el tribunal federal carecía de competencia en virtud de la Ley de Injunción Fiscal y, por lo tanto, desestimó el recurso. Con esta resolución, el tribunal desestimó un recurso contra la voluntad de los votantes de la ciudad. En noviembre de 2024, el Tribunal de Apelación de los Estados Unidos para el Noveno Circuito confirmó la desestimación.

En octubre de 2023, la jueza del Tribunal Superior del Estado Barbara Scheper estimó las mociones de sentencia sobre los escritos presentadas por Public Counsel, Irell y la ciudad de Los Ángeles, desestimando con carácter definitivo las dos demandas estatales restantes. La jueza Scheper determinó específicamente que las demandas de los demandantes «no exponen hechos suficientes para fundamentar ninguna reclamación contra ninguno de los demandados». En diciembre de 2025, el Tribunal de Apelación del Segundo Distrito de California confirmó la desestimación.