La semana pasada, Public Counsel logró una importante victoria en nuestra lucha contra la segregación racial y la desigualdad educativa, fenómenos profundamente arraigados en las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York. En una sentencia histórica, un tribunal de apelación de Nueva York revocó por unanimidad la desestimación de nuestra demanda —IntegrateNYC contra el Estado de Nueva York— dictada por un tribunal de primera instancia, lo que permite que el caso pase a juicio. Esta decisión histórica podría marcar el principio del fin del sistema educativo de dos niveles de la ciudad de Nueva York, con repercusiones a escala nacional que van más allá del distrito escolar más grande del país.
Las escuelas de la ciudad de Nueva York se encuentran entre las más segregadas del país. Ya desde el jardín de infancia, el sistema utiliza una prueba discriminatoria para clasificar a los alumnos en dos itinerarios académicos, lo que, en la práctica, les atribuye etiquetas de inferioridad y superioridad que guardan una estrecha relación con la raza y los ingresos, pero que tienen poco que ver con la capacidad. En los cursos posteriores, esta clasificación racializada se intensifica, ya que los alumnos de la vía para superdotados y talentosos se preparan para acceder a institutos especializados —centros de élite, dotados de amplios recursos, en los que la admisión se basa en la puntuación obtenida en una única prueba estandarizada—.
Como era de esperar, este proceso defectuoso y discriminatorio perpetúa un ciclo pernicioso de desigualdad racial. En 2021, a pesar de representar casi el 70 % de la población estudiantil, los alumnos negros y latinos recibieron, respectivamente, solo el 3,6 % y el 5,4 % de las plazas en institutos especializados. En cambio, estos alumnos de color son canalizados de forma abrumadora hacia los centros más masificados y con menos recursos, que cuentan con los profesores menos cualificados.
En marzo de 2021, los alumnos de la ciudad de Nueva York y la organización dirigida por jóvenes IntegrateNYC dieron un valiente paso para desmantelar este sistema injusto, presentando la primera demanda del país en la que se reivindicaba el derecho constitucional a una educación justa desde el punto de vista racial. Más allá de cuestionar el sistema de clasificación por razas, la demanda aborda la ausencia de un plan de estudios sensible a las diferencias culturales, las prácticas disciplinarias con disparidades raciales y la incapacidad para crear un cuerpo docente diverso. Posteriormente, la Coalición de Justicia Educativa de la Ciudad de Nueva York, liderada por padres, y «P.S. 132 Parents for Change» se sumaron a la demanda como demandantes. Están representados por Public Counsel, Peer Defense Network y Sidley Austin LLP.
El dictamen de la División de Apelación confirmó que nuestras impugnaciones tenían fundamento constitucional. Concluyó específicamente que una «educación básica sólida» requiere la eliminación de un sistema educativo segregado de dos niveles y el uso de pruebas «culturalmente sesgadas y pedagógicamente poco sólidas» que crean una vía racializada hacia las escuelas de los que tienen y las de los que no tienen. Yendo más allá de lo que ningún tribunal del mundo haya sostenido jamás, afirmó que la Constitución estatal bien podría exigir «medidas que mitiguen los efectos del racismo y la pobreza».
Public Counsel tiene el honor de apoyar a estos valientes jóvenes y a sus padres en su lucha por la justicia racial y educativa. Gracias a la histórica sentencia de la semana pasada, hemos dado un paso importante para acabar con este sistema injusto que genera profundas desigualdades raciales en las oportunidades educativas de los niños de la ciudad de Nueva York. Es hora de que el Ayuntamiento y el Estado adopten medidas decisivas para desmantelar este sistema de una vez por todas.
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