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Public Counsel presenta demandas estratégicas de impacto para que comunidades enteras obtengan la justicia que merecen. Al sentar precedentes legales y cuestionar leyes injustas, nuestros casos provocan cambios a gran escala en nuestra sociedad.

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Desde su creación, Public Counsel ha contado con la colaboración de abogados pro bono, estudiantes de derecho, asistentes jurídicos y otros profesionales del ámbito legal para apoyar a nuestros clientes, asumir casos de gran repercusión y reforzar nuestras iniciativas de defensa.

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27/04/26

Conoce tus derechos: controles de inmigración en espacios públicos

En California, todos gozamos de derechos constitucionales y de la protección de la legislación estatal, independientemente de nuestra situación migratoria. Esta guía describe dichos derechos y protecciones, así como las medidas que puede tomar para prepararse en...

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Kit de herramientas

26 de marzo de 2004

Derechos educativos de los estudiantes recién llegados

Este conjunto de herramientas está diseñado para informar a los defensores (tanto abogados como personas que no lo son) sobre los derechos en materia de educación de los niños recién llegados e inmigrantes indocumentados, cómo hacer valer esos derechos y qué hacer si...

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Guía

17/02/26

¿Qué es la reunión de acreedores?

Una vez que presente su declaración de quiebra, se asignará un administrador concursal a su caso y se programará una reunión de acreedores. Esta guía le proporcionará información general para ayudarle...

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Fraude notarial

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Resumen

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Para las comunidades de inmigrantes en Estados Unidos, existe una amenaza poco conocida -disfrazada de recurso- que puede estafar a la gente y ponerla en riesgo de deportación. Los notarios son personas que anuncian falsamente a la comunidad inmigrante que pueden ayudar con cuestiones de inmigración y otros asuntos de derecho, aunque no tienen formación jurídica y no están autorizados a prestar estos servicios. Además, explotan y defraudan sistemáticamente a los miembros de la comunidad inmigrante y pueden empeorar la situación de los inmigrantes, poniendo en peligro futuras ayudas de inmigración o exponiendo a alguien al riesgo de expulsión inmediata.

Public Counsel creó esta página web para ayudar a crear conciencia sobre esta estafa perjudicial y para capacitar a los miembros de la comunidad inmigrante para protegerse a sí mismos y a su comunidad. Esto es lo que necesita saber sobre el fraude notarial.

¿Qué es el fraude notarial?

  • Los "notarios" son individuos que FALSAMENTE representan que están autorizados para ofrecer asesoramiento jurídico, o servicios, en relación con la ley de inmigración u otras cuestiones de derecho.
  • Los "notarios" explotan sistemáticamente a los miembros de las comunidades de inmigrantes estafándoles y exponiéndoles al riesgo de deportación.

¿Cómo perjudican los notarios a la comunidad inmigrante?

  • No realizar el trabajo contratado
  • Cobrar y desaparecer
  • Presentar solicitudes sin fundamento, exponiendo al solicitante al riesgo de expulsión.
  • Rellenar incorrectamente las solicitudes, haciendo que los solicitantes pierdan sus beneficios de inmigración o impidiéndoles obtener futuras ayudas.
  • Cobrar de más a sus clientes por trabajos que no están autorizados a realizar.

¿De dónde viene la confusión sobre los notarios?

  • En algunos países latinoamericanos, los "notarios públicos" tienen una formación académica y unas obligaciones profesionales similares a las de los abogados.
  • En Estados Unidos, sin embargo, un "notario" o "notary public" SOLO está autorizado a dar fe de la firma de formularios y NO puede prestar asesoramiento o servicios jurídicos.

Estafas comunes

Esquemas habituales que utilizan los notarios:

Cuidado Un notario puede decírselo fraudulentamente:

  1. Pueden conseguirte un permiso de trabajo rápidamente.
  2. Puede optar a la tarjeta verde porque ha vivido en Estados Unidos diez años o más.
  3. Puedes solicitar asilo aunque no temas regresar a tu país de origen.
  4. Trabajan para ICE, así que te garantizan un visado. 
  5. Puede optar a una ayuda por el hecho de tener un hijo con necesidades especiales.
  6. Pueden conseguir a sus familiares en el extranjero un "visado de trabajo" en un plazo de seis meses para venir a vivir a Estados Unidos.

Las víctimas en el punto de mira

Cuando María Guiterrez se enteró de que podía legalizar su situación migratoria, se lanzó a por ello. Se gastó 80.000 dólares en diez años, pero todo el dinero y el esfuerzo fueron una estafa.

Escuche el podcast de KCRW AQUÍ.

La abogada directora de Public Counsel, Gina Amato Lough (izquierda), con su cliente María Guiterrez.

Verónica y su marido contrataron hace veinte años a un asesor de inmigración de Los Ángeles para que les ayudara con el caso de inmigración de su marido. En los últimos veinte años, la pareja fue estafada en más de 100.000 dólares. La pareja contrató al consultor en 2001, tras escuchar un anuncio en una emisora de radio local. Tras reunirse con el consultor en su despacho, que creyeron que era un bufete de abogados porque llevaba el término "Law Office" en el nombre de la organización, contrataron al consultor, de quien les dijeron que era abogado de inmigración.

Veinte años después, descubrieron que el consultor de inmigración al que habían pagado más de 100.000 dólares no era abogado titulado. El consultor de inmigración llevó a cabo el esquema común de solicitar asilo para el marido, a pesar de que no cumplía los requisitos para ello. Cuando esta solicitud fue inevitablemente denegada, el marido fue sometido a un procedimiento de deportación. La consultora solicitó entonces la cancelación de la expulsión para el marido, un recurso de inmigración con una complicada normativa legal y para el que el marido no cumplía los requisitos. Tras la denegación, la consultora recurrió el caso, primero ante la Junta de Apelaciones de Inmigración y luego ante el Noveno Circuito. Esta apelación se prolongó durante años. Durante todo ese tiempo, el asesor cobró a la pareja por la investigación jurídica, las tasas de presentación, el tiempo dedicado a la redacción de mociones y escritos jurídicos, un cargo extra por hablar con el juez sobre el caso, sellos, tasas de fotocopias, etc.

Esto se fue acumulando con los años y, antes de que la pareja se diera cuenta, se habían gastado 100.000 dólares en un caso de inmigración que no tenía ninguna base legal para salir adelante. El consultor también se "asoció" con abogados colegiados que se presentaban en la fecha de una vista judicial, sin haberse reunido nunca con el marido para hablar de su caso y sin haber firmado nunca un contrato de servicios jurídicos, para actuar como representantes legales del marido ante el tribunal. Mientras tanto, el asesor afirmaba a la pareja que supervisaba el caso, dirigía a esos abogados y estaba demasiado ocupado para presentarse él mismo ante el tribunal. Lo que no reveló es que era un consultor de inmigración, no un abogado licenciado, y el tribunal no le permitió actuar como su representante legal. Después de 20 años y más de 100.000 dólares pagados, el caso de inmigración del marido sigue su curso y nunca obtuvo ningún estatus legal. 


La Sra. O pagó más de 6.500 dólares por la falsa promesa de que una agencia de viajes podría ayudarla con su caso de inmigración para solicitar a su hijo, que vivía en el extranjero, un visado para viajar a Estados Unidos. Su hijo recibió un documento fraudulento y nunca pudo entrar en Estados Unidos. No se prestó ningún servicio ni a ella ni a su hijo y nunca le devolvieron el dinero. La agente de viajes le dijo que ella y su marido trabajaban para el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). A la Sra. O. le dijeron que cuando una persona contrataba a este agente de viajes tenía garantizado un visado y estaba a salvo de la deportación. El agente de viajes exigió a la Sra. O. que pagara 5.000 dólares en efectivo para empezar a trabajar y luego le dio una larga lista de gastos adicionales que, según le dijeron, eran necesarios para el proceso de obtención del visado. Le dijeron que su hijo podría obtener el visado en 3-4 meses.

Todo esto era mentira. El agente dio a su hijo un documento fraudulento, hecho para que pareciera un permiso de autorización de trabajo, que el agente llamó "visado de trabajo" y dijo a la familia que podría entrar en el país con ese documento. Durante varios años, el agente siguió mintiendo a la familia y exigiendo más dinero para supuestamente "arreglar" los problemas del visado y conseguir que el hijo pudiera entrar en el país. Tras varios años y miles de dólares y años de confusión y decepción para toda la familia, la Sra. O perdió 6.5000 dólares y no pudo reunirse con su hijo.


Salvador Oliva, un ciudadano naturalizado de El Salvador, ha soportado cuatro años de una administración anti-inmigrante, el impacto dispar de la pandemia de COVID-19 y el posterior impacto económico, y ahora se enfrenta a otra amenaza: el fraude de inmigración. Justo antes de las Navidades de 2020, Salvador y su familia, todos ellos enfermos de COVID-19, recibieron una tercera factura de más de 10.000 dólares de un consultor de inmigración de Los Ángeles. Salvador contrató al consultor después de que afirmara falsamente ser un abogado que podría ayudar a la esposa de Salvador con su caso de inmigración.

El consultor, que no es abogado, no realizó ningún trabajo para la pareja más allá de presentar una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés), un sencillo formulario que cualquier ciudadano puede enviar por Internet. El consultor exigía ahora 10.610 dólares a Salvador y su familia, amenazaba con interponer una demanda civil y amenazaba veladamente a la familia con que el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) podría deportarlos en cualquier momento.

"Sentí que la muerte me acechaba, y no pude dormir ni disfrutar de la Navidad", cuenta Salvador de la experiencia. Salvador, que lleva varios años sin trabajar debido a una discapacidad, sometido a tensiones económicas por la pandemia y lidiando con la enfermedad de su familia a causa del COVID-19, fue víctima del omnipresente problema del fraude notarial, o de inmigración.

Cómo protegerse

  • Siempre:
    • Solicite un contrato por escrito firmado y fechado por un abogado de inmigración.
    • Solicite un recibo en el que figure la fecha, el importe que ha pagado y el servicio por el que ha pagado.
    • Solicite la tarjeta de visita y el sitio web del abogado.
    • Pida que el abogado le explique los documentos y procedimientos legales.
    • Conserve los documentos originales y sólo entregue copias a su abogado.
    • Conserve copias de todos los contratos, formularios presentados en su nombre, recibos y otros documentos.
    • Recibirá un recibo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) cuando entregue la documentación. Consérvelo.
      • Demuestra que USCIS ha recibido su solicitud o petición.
      • Necesitará el resguardo para comprobar el estado de su solicitud.
  • Nunca:
    • Pagar por formularios gubernamentales en blanco.
      • Los formularios oficiales son GRATUITOS y cualquiera puede acceder a ellos a través de Internet.
      • Es posible que sólo tenga que pagar cuando presente los formularios cumplimentados al gobierno.
    • Firmar un formulario en blanco o un documento que contenga información falsa.
    • Firmar un documento que no entiendes.

Qué hacer si eres víctima

En primer lugar, es importante que denuncie el delito a un organismo público. Hay tres opciones para denunciarlo:

  1. DEPARTAMENTO DE POLICÍA
    • Denuncia el incidente al departamento de policía local y obtén un informe policial oficial del incidente que sirva como prueba de lo que te ha ocurrido.
  2. FISCAL DE DISTRITO DEL CONDADO DE L.A.
    • 213-974-1452
    • Denuncie el incidente a la Unidad de Fraude Notarial del Fiscal del Condado de Los Ángeles para que puedan presentar cargos penales contra el Notario.
  3. OFICINA DE ASUNTOS DE INMIGRANTES DEL CONDADO DE L.A.
    • 1-800-593-8222
    • https://oia.lacounty.gov/immigration-fraud/
    • Denuncie el incidente a la Oficina de Asuntos de los Inmigrantes del Condado de Los Ángeles, que forma parte de la Unidad de Protección de los Consumidores, encargada de proteger a los consumidores e impedir que las empresas realicen actividades fraudulentas o prácticas comerciales ilegales.

En segundo lugar, es fundamental encontrar abogados LICENCIADOS que puedan prestar asesoramiento y servicios de inmigración en su caso.

Recursos

Prevención del fraude en la inmigración - Subtítulos en inglés

Las abogadas de Public Counsel Gina Amato Lough y Kathleen Rivas participan en este vídeo creado por la Oficina del Alcalde para Asuntos de los Inmigrantes. Echa un vistazo a consejos útiles e información para ayudar con el proceso de inmigración.

Prevención del fraude de inmigración - Subtitulos enEspañol

En los últimos años, el número de angelinos que se han convertido en víctimas del fraude del "Notario" ha ido en aumento. La Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la Alcaldía tiene consejos e información útiles para ayudar con el proceso de inmigración.

Recursos:

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Nuestro personal trabaja con clientes y socios para identificar patrones de injusticia que afectan y perjudican a las comunidades a las que servimos. Mediante litigios estratégicos, conseguimos cambios a gran escala y reformas de los sistemas, al tiempo que amplificamos el poder de las comunidades afectadas y fomentamos el discurso público.

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