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Servicios directos

Public Counsel ofrece servicios jurídicos directos y apoyo gratuitos, o pone en contacto a los clientes con abogados que prestan sus servicios de forma gratuita, garantizando así que cuenten con un aliado que les acompañe a ellos, a sus familias y a nuestras comunidades en su lucha por la justicia.

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Promoción de políticas

Public Counsel aborda las causas fundamentales de las desigualdades en nuestra sociedad promoviendo soluciones políticas inclusivas en colaboración con coaliciones de base y las comunidades más afectadas por la opresión sistémica.

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Litigios de impacto

Public Counsel interpone demandas estratégicas de impacto para que comunidades enteras obtengan la justicia que se merecen. Al sentar precedentes jurídicos y cuestionar leyes injustas, nuestros casos impulsan un cambio a gran escala en nuestra sociedad.

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Colaboraciones pro bono

Desde su creación, Public Counsel ha contado con la colaboración de abogados que prestan sus servicios de forma gratuita, estudiantes de Derecho, asistentes jurídicos y otros profesionales del ámbito jurídico para que, junto a nosotros, presten apoyo a nuestros clientes, asuman casos de gran repercusión y refuercen nuestras iniciativas de defensa.

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Integración en el ámbito del trabajo social

Public Counsel valora un enfoque interdisciplinar del derecho y el trabajo social que refuerza la defensa jurídica basada en el enfoque del trauma y fomenta la obtención de resultados eficaces en todas sus actividades. 

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Educación comunitaria

Public Counsel promueve comunidades sanas y resilientes a través de la educación y la divulgación, ofreciendo formación, recursos jurídicos y orientación práctica que ayudan a las personas a comprender sus derechos, a desenvolverse en sistemas complejos y a actuar con conocimiento de causa.

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Biblioteca de recursos

Recursos populares

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Plantilla/Formulario de ejemplo

26/10/11

Paquete de la carta de «no contacto»

Si usted es «a prueba de embargos», es decir, si no tiene bienes que los acreedores puedan embargar, incluso si se dicta una sentencia en su contra, puede...

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Plantilla

26/09/11

Resolución sobre la moción

Si no existe un formulario judicial para lo que necesitas presentar en tu procedimiento de quiebra, tendrás que redactar tú mismo los documentos judiciales en papel de escrito. Lo primero...

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Guía

19/10/26

Guía para la preparación de declaraciones judiciales desde una perspectiva informada sobre el trauma

La «Guía para la toma de declaración basada en el enfoque del trauma» integra los valores del trabajo social en las prácticas jurídicas con el fin de reducir los efectos negativos que la toma de declaración puede tener en los jóvenes a los que se presta asistencia. El objetivo de esta guía es...

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Derechos de los inmigrantesPequeñas empresas

Alerta legislativa

18/12/25

ALERTA LEGISLATIVA: SB 635 – Ley de Protección de las Actividades Comerciales de los Vendedores Ambulantes

Descargar en formato PDF

El proyecto de ley 635 del Senado de California («SB 635») introduce cambios importantes en la legislación estatal para ofrecer protección a los vendedores ambulantes. La ley impide que las jurisdicciones locales, incluidas las entidades no públicas contratadas por estas para velar por el cumplimiento de la normativa sobre venta ambulante, puedan: 1) compartir la información de carácter personal identificable de los vendedores ambulantes, salvo en virtud de una citación judicial o una orden judicial válidas; 2) prestar ayuda o cooperar con cualquier organismo encargado de la aplicación de la legislación en materia de inmigración; y 3) indagar sobre la ciudadanía o la situación migratoria, ni exigir la realización de comprobaciones de antecedentes o la toma de huellas dactilares para que los vendedores ambulantes puedan obtener sus permisos locales de venta ambulante. Estos nuevos requisitos se aplican a todas las ciudades y condados que regulan la venta ambulante, así como a todos los departamentos de salud pública que regulan las operaciones de venta ambulante de alimentos.

La ley entrará en vigor el 1 de enero de 2026. La ley exige a las jurisdicciones locales que actualmente obligan a los vendedores ambulantes a someterse a una verificación de antecedentes o a la toma de huellas dactilares (como el sistema LiveScan) que modifiquen sus ordenanzas municipales sobre venta ambulante antes del 1 de enero de 2026, y que destruyan los registros recopilados antes de esa fecha a más tardar el 1 de marzo de 2026.

Lee aquí la alerta legislativa completa o descarga aquí el PDF de la alerta.

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Informe

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27/04/26

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