Impugnar la revocación ilegal del programa DACA y proteger los medios de vida de los que llegaron de niños

Cuando el Gobierno de Obama creó el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en 2012, muchos inmigrantes indocumentados que habían sido traídos a EE. UU. cuando eran niños pasaron a tener derecho a protección frente a la deportación y a permisos de trabajo. Como parte de su campaña de divulgación para impulsar la participación en el programa, ante el creciente escepticismo de muchos inmigrantes indocumentados, la Administración Obama hizo promesas clave, entre ellas que la información facilitada durante el proceso de solicitud no se utilizaría para la aplicación de la ley de inmigración y que podrían renovar su estatus y conservar sus beneficios siempre que siguieran cumpliendo los requisitos. Gracias a esta promesa, aproximadamente 800 000 inmigrantes indocumentados solicitaron y obtuvieron el estatus DACA, un estatus que les permitió acceder a la educación, abrir cuentas bancarias, crear empresas, comprar viviendas y llevar a cabo otras actividades de la vida cotidiana. El impacto de DACA fue trascendental para quienes lo recibieron. No solo les otorgó protección frente a la deportación, sino que les dio esperanza y los medios para perseguir el sueño americano y desarrollar todo su potencial.

Sin embargo, en 2017, la Administración Trump incumplió su promesa a los beneficiarios del DACA al poner fin al programa y dar marcha atrás en su exención respecto al intercambio de información confidencial facilitada durante el proceso de solicitud del DACA con fines de control migratorio. Como consecuencia, Public Counsel y sus socios interpusieron una demanda en el Distrito Norte de California en nombre de seis beneficiarios del DACA para impugnar la decisión de derogar el programa. La supresión del programa no solo pondría a los beneficiarios del DACA en riesgo de ser deportados, sino que, como consecuencia, también afectaría directamente a los medios de vida que se habían labrado a lo largo de años de duro trabajo y perseverancia.

En enero de 2018, el juez del Tribunal del Distrito Norte desestimó la solicitud de desestimación presentada por el Gobierno y dictó una medida cautelar de ámbito nacional por la que se ordenaba que el programa DACA siguiera en vigor en los mismos términos y condiciones que existían antes de la decisión de la Administración Trump de revocar el programa. El Gobierno recurrió la resolución ante el Tribunal del Noveno Circuito. Sin embargo, en noviembre de 2018, el Tribunal del Noveno Circuito falló a favor de los demandantes, concluyendo que la decisión de derogar el DACA era arbitraria y caprichosa a la luz de la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) y que la orden judicial preliminar de ámbito nacional era adecuada, lo que permitió que continuaran las renovaciones del DACA.

El Gobierno solicitó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos que admitiera a trámite el recurso de certiorari, lo cual el Tribunal concedió en junio de 2019, agrupando así tres recursos contra el programa de revocación del DACA que estaban pendientes en todo el país. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos celebró la vista oral el 12 de noviembre. El 18 de junio de 2020, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictó una gran victoria para los beneficiarios del DACA en todo el país, al confirmar que la derogación del programa DACA por parte de la Administración Trump era ilegal, arbitraria y caprichosa. A pesar de esta victoria, la Administración Trump intentó eludir la decisión del Tribunal impidiendo que los nuevos solicitantes obtuvieran el estatus de DACA y limitando aún más el programa al exigir renovaciones anuales, en lugar de los dos años previstos en las condiciones originales del programa, y poniendo fin de hecho a la autorización de entrada anticipada para los beneficiarios de DACA.

En noviembre de 2020, Public Counsel, junto con los abogados colaboradores, presentó una demanda modificada para incorporar a siete demandantes. En un recurso independiente contra el programa DACA en Nueva York, el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos ordenó al Gobierno que restableciera plenamente el programa DACA tal y como estaba antes de que la Administración Trump intentara ponerle fin. El primer día de la Administración Biden, el 20 de enero de 2021, el presidente Biden emitió un decreto ejecutivo para preservar y reforzar el programa DACA.

Las partes intentaron negociar un acuerdo para resolver el litigio, pero no lo consiguieron durante la Administración Biden. No se han reanudado las negociaciones bajo la actual Administración. Los abogados de los demandantes del caso García, así como los de otros demandantes, han presentado periódicamente informes de situación ante el tribunal de distrito. La intención de todos los demandantes es mantener abierto el litigio por si la Administración Trump tomara alguna medida para derogar o modificar el programa o llevara a cabo otras acciones destinadas a cambiar la situación de los beneficiarios del DACA.