Luchando para poner fin al castigo injusto que suponen las tasas judiciales

Nadie debería ser castigado simplemente por ser pobre. Sin embargo, los tribunales de California han impuesto de forma habitual «tasas judiciales» y multas a las personas sin tener en cuenta su capacidad de pago. Esta práctica obliga a miles de californianos —que ya tienen dificultades para llegar a fin de mes— a entrar en un círculo vicioso de deuda judicial cada vez mayor, suspensiones del permiso de conducir, obstáculos para la eliminación de antecedentes penales e incluso penas de cárcel. En esencia, este sistema supone una capa adicional de castigo por la pobreza, lo que socava los principios básicos de equidad y justicia, y viola los principios constitucionales fundamentales que prohíben el castigo por motivos de pobreza. 

El Estado contra Dueñas: impugnación de las tasas que castigan la pobreza 

El caso «El Estado contra Dueñas» fue un recurso de apelación penal interpuesto en nombre de Velia Dueñas —una madre de dos hijos con parálisis cerebral y de bajos ingresos que se encontraba sin hogar— a quien se le ordenó pagar 220 dólares en costas judiciales sin tener en cuenta su capacidad de pago. Debido a las multas que recibió cuando era adolescente, se le había suspendido el permiso de conducir, lo que suponía un obstáculo legal para realizar tareas fundamentales, como conseguir y mantener un empleo y llevar a sus hijos al médico o al colegio. Como consecuencia de la suspensión, la Sra. Dueñas fue condenada en otras ocasiones por conducir con el carné suspendido, condenas que se derivaban de su incapacidad para pagar las multas anteriores.  

Cada vez que no podía permitirse pagar las multas, no le quedaba más remedio que cumplir una pena de cárcel en lugar del pago —lo que supuso un total de más de cincuenta días en prisión— simplemente porque era demasiado pobre para pagar las multas. Incluso después de cumplir su condena en prisión, la Sra. Dueñas seguía estando obligada a pagar las costas judiciales asociadas a cada una de sus condenas por delitos menores. 

Representada por Public Counsel, la Sra. Dueñas impugnó la constitucionalidad de estas tasas judiciales, alegando que castigar a las personas por ser pobres viola las garantías constitucionales tanto estatales como federales. En un dictamen pionero de 2019, el Tribunal de Apelación del Segundo Distrito de California se mostró de acuerdo, sosteniendo que imponer tasas judiciales obligatorias a los acusados indigentes sin tener en cuenta su capacidad de pago viola los derechos al debido proceso. La jueza Laurie Zelon, en nombre del tribunal, declaró: 

Imponer multas imposibles de pagar a los acusados sin recursos no solo es injusto, sino que además carece de cualquier finalidad racional, no contribuye a cumplir la intención del legislador y puede resultar contraproducente. 

La sentencia del caso Dueñas se convirtió en un hito en la lucha contra la criminalización de la pobreza. Por primera vez, miles de personas sin recursos de California tuvieron la oportunidad de escapar de un sistema que las mantenía atrapadas en la deuda, amenazaba su libertad y limitaba sus oportunidades, todo ello a causa de obligaciones económicas impuestas por los tribunales. 

El Estado contra Kopp: revisión por parte del Tribunal Supremo de la cuestión de la «capacidad de pago» 

Tras la sentencia del caso Dueñas en 2019, los tribunales de apelación de toda California dictaron resoluciones contradictorias sobre si los jueces deben tener en cuenta la capacidad de pago del acusado antes de imponer multas y tasas judiciales. Mientras que algunos tribunales siguieron el razonamiento expuesto en el caso Dueñas, otros no estuvieron de acuerdo, lo que dio lugar a criterios inconsistentes en todo el estado. 

Para resolver esta divergencia, el Tribunal Supremo de California admitió a trámite el recurso en el caso People v. Kopp, en el que estaban implicados dos acusados —Christi Kopp y Jason Hernández— que habían interpuesto conjuntamente un recurso de apelación contra determinados aspectos de sus condenas penales. Ambos impugnaron la constitucionalidad de las multas y tasas impuestas sin que se hubiera evaluado su capacidad de pago, planteando así la cuestión clave de la «capacidad de pago» que ahora se somete al Tribunal Supremo. 

Public Counsel presentó un escrito de amicus curiae en apoyo de los demandantes, instando al Tribunal a proteger los derechos de los californianos con bajos ingresos y a evitar que la pobreza sea motivo de castigo. 

El Tribunal Supremo celebrará la vista oral del caso Kopp el 8 de octubre de 2025, en la que intervendrá Public Counsel en calidad de amicus curiae. Se espera que la sentencia del Tribunal establezca una norma uniforme en todo el estado sobre la forma en que los tribunales de California imponen multas y tasas penales, lo que tendrá repercusiones de gran alcance para los californianos, tanto en la actualidad como en el futuro.

ACTUALIZACIÓN, 29 de diciembre de 2025: El Tribunal Supremo de California dictaminó que los tribunales deben tener en cuenta la capacidad de pago del acusado antes de imponer determinadas tasas judiciales obligatorias como parte de una sentencia penal. En cuanto a las multas penales, el Tribunal aclaró que los recursos deben examinarse a la luz de las cláusulas sobre multas excesivas de las constituciones estatal y federal, que tienen en cuenta la capacidad de pago.

ACTUALIZACIÓN, 8 de octubre de 2025: El Tribunal Supremo de California celebró la vista oral del caso People v. Kopp, en la que se escucharon los argumentos de Public Counsel en calidad de amicus curiae. La vista se retransmitió en directo a través de la página web del Tribunal, y la grabación en vídeo está disponible aquí.