Gracias a la enorme valentía de tres familias que presentaron una demanda colectiva en 2019, los estudiantes de una escuela pública en el condado de Contra Costa asistirán a un campus más seguro este año después de un acuerdo histórico para poner fin al uso de prácticas ilegales y abusivas de restricción y reclusión. La escuela Floyd I. Marchus ("Marchus") atiende a estudiantes con necesidades conductuales y emocionales, y durante años había utilizado restricciones, reclusión y segregación y aislamiento inapropiados, en violación de los derechos de estos estudiantes.
La demanda colectiva, la primera de este tipo en un tribunal estatal de California, fue presentada por alumnos actuales y antiguos de Marchus. Mientras asistían a Marchus, los demandantes en edad primaria fueron sometidos repetidamente a sujeciones y reclusiones abusivas, peligrosas y traumáticas en situaciones que no eran de emergencia. Las familias están representadas por Public Counsel y Sullivan & Cromwell LLP.
"Mi hija tenía ocho años cuando me habló de las tácticas utilizadas para aislarla y contenerla cuando era alumna en la escuela", dijo Elyse K., demandante en la demanda. "Me sentí traicionada por el personal, y el sentido que mi hija tenía de los adultos como fuente de apoyo de confianza se fracturó...Este acuerdo ayudará a prevenir más traumas para los niños en Marchus, y demostrará a mi hija que fue escuchada y creída, y que los amigos que dejó atrás serán protegidos."
En virtud del acuerdo, el Departamento de Educación de California mantendrá un mayor grado de supervisión sobre la escuela, incluida la prestación de asistencia técnica y formación para el personal, la auditoría de los registros de la escuela y la realización de dos años de revisiones de seguimiento para garantizar que se siguen las mejores prácticas.
"Como resultado de las familias que se presentaron en esta demanda, los estudiantes de Marchus volverán a aulas más seguras este año", dijo Tara Ford, abogada principal de Public Counsel. "El uso de prácticas peligrosas de restricción y aislamiento tiene un alto coste emocional para los alumnos y las familias que lo sufren. Las aulas deben ser seguras para que los alumnos puedan aprender."
Según datos del Departamento de Educación de EE.UU., más de 100.000 alumnos son retenidos o aislados cada año. Varias asambleas legislativas estatales, entre ellas las de Colorado y Florida, han aprobado recientemente proyectos de ley que prohíben el uso de algunas o todas las técnicas de contención y reclusión y refuerzan los requisitos de información para una mayor supervisión y transparencia.
Michael Steinberg, socio de Sullivan & Cromwell, dijo: "Marchus estaba entre los peores infractores al no tratar a los estudiantes de educación especial con el respeto y la dignidad que se merecen. Nos complace haber colaborado con Public Counsel en este caso para poder crear un entorno de aprendizaje seguro para los alumnos de Marchus, poniendo fin a estas prácticas disciplinarias injustas y perjudiciales. Para lograrlo, es fundamental la supervisión del Estado. Al llegar a este acuerdo, esperamos aumentar la concienciación sobre estas prácticas peligrosas y evitar que se utilicen, especialmente contra los jóvenes alumnos más vulnerables."
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