Gracias al enorme valor de tres familias que interpusieron una demanda colectiva en 2019, los alumnos de un colegio público del condado de Contra Costa asistirán este año a un centro educativo más seguro tras alcanzar un acuerdo histórico para poner fin al uso de prácticas ilegales y abusivas de inmovilización y aislamiento. La escuela Floyd I. Marchus («Marchus») atiende a alumnos con necesidades conductuales y emocionales, y durante años había recurrido a la inmovilización, el aislamiento y prácticas inadecuadas de segregación y aislamiento, lo que suponía una violación de los derechos de estos alumnos.
La demanda colectiva, la primera de este tipo en un tribunal estatal de California, fue interpuesta por alumnos actuales y antiguos de Marchus. Mientras asistían a Marchus, los demandantes, que cursaban educación primaria, fueron sometidos en repetidas ocasiones a medidas de inmovilización y aislamiento abusivas, peligrosas y traumáticas en situaciones que no constituían una emergencia. Las familias están representadas por Public Counsel y Sullivan & Cromwell LLP.
«Mi hija tenía ocho años cuando me contó las tácticas que utilizaban para aislarla y inmovilizarla cuando era alumna en el colegio», afirmó Elyse K., una de las demandantes en el proceso judicial. «Me sentí traicionada por el personal, y la confianza que mi hija tenía en los adultos como fuente de apoyo se vio quebrantada… Este acuerdo ayudará a evitar que los niños de Marchus sufran más traumas y le demostrará a mi hija que se la escuchó y se le creyó, y que los amigos que dejó atrás estarán protegidos».
En virtud del acuerdo, el Departamento de Educación de California ejercerá un mayor control sobre el centro educativo, lo que incluye proporcionar asistencia técnica y formación al personal, auditar los registros del centro y llevar a cabo revisiones de seguimiento durante dos años para garantizar que se sigan las mejores prácticas.
«Gracias a las familias que se han atrevido a dar un paso al frente en esta demanda, los alumnos de Marchus volverán este año a unas aulas más seguras», afirmó Tara Ford, asesora jurídica sénior de Public Counsel. «El uso de prácticas peligrosas de inmovilización y aislamiento supone un gran impacto emocional para los alumnos y las familias que lo sufren. Las aulas deben ser seguras para que los alumnos puedan aprender».
Según datos del Departamento de Educación de Estados Unidos, cada año se somete a medidas de inmovilización o aislamiento a más de 100 000 alumnos. Varias asambleas legislativas estatales, entre ellas las de Colorado y Florida, han presentado recientemente proyectos de ley que prohíben el uso de algunas o todas las técnicas de inmovilización y aislamiento, y que refuerzan los requisitos de notificación para garantizar una mayor supervisión y transparencia.
Michael Steinberg, socio de Sullivan & Cromwell, afirmó: «Marchus fue uno de los que más incumplió su obligación de tratar a los alumnos de educación especial con el respeto y la dignidad que se merecen». Nos ha complacido colaborar con Public Counsel en este caso para poder crear un entorno de aprendizaje seguro para los alumnos de Marchus, poniendo fin a estas prácticas disciplinarias injustas y perjudiciales. Para lograrlo, la supervisión por parte del Estado es fundamental. Con este acuerdo, esperamos concienciar más sobre estas prácticas peligrosas y evitar que se sigan utilizando, especialmente contra los jóvenes estudiantes más vulnerables».
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