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Public Counsel interpone demandas estratégicas de impacto para que comunidades enteras obtengan la justicia que se merecen. Al sentar precedentes jurídicos y cuestionar leyes injustas, nuestros casos impulsan un cambio a gran escala en nuestra sociedad.

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Afrontar el proceso de denuncia en virtud del Título IX puede resultar a la vez agotador desde el punto de vista emocional y empoderador. El objetivo de esta guía es hacer que ese proceso resulte más sencillo y menos abrumador. Puedes utilizar esta guía...

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Derechos de los inmigrantes

13/04/17

Una familia afgana detenida en Los Ángeles el mes pasado obtiene la condición de residentes permanentes legales en EE. UU.

El boceto de un dibujante judicial muestra a Mark Rosenbaum, abogado director de Public Counsel (en el centro a la derecha), junto a Robert Blume, socio de Gibson, Dunn & Crutcher (a la derecha), que representa a la familia ante el tribunal federal.

Tras una agotadora entrevista final de tres horas y media con el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, la familia es admitida en Estados Unidos con sus visados originales.

Seattle, WA—Trasmás de un mes de incertidumbre, una familia de cinco miembros procedente de Afganistán, que fue detenida en el aeropuerto de Los Ángelesel 2de marzo a pesar de estar en posesión de visados especiales de inmigrante (SIV), puede por fin comenzar su vida en EE. UU. después de que el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) les permitiera entrar en el país con sus visados originales. La familia llevaba en libertad condicional desdeel 6 de marzo, pero su situación migratoria seguía siendo incierta a la espera de una entrevista final de inspección diferida con la CBP. Tras un interrogatorio de tres horas y media —sin acceso a sus abogados—, se reconocieron las visados originales de la familia, lo que les otorgó la condición de residentes permanentes legales en EE. UU.

«Estamos encantados de que la familia haya sido admitida en Estados Unidos», declaró Talia Inlender, abogada principal de Public Counsel, que se encontraba en Seattle para apoyar a la familia. «Pero esta decisión no hace más que confirmar que la detención de esta familia, así como las actuaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, fueron totalmente injustificadas. Es inconcebible que, a su llegada a EE. UU., esta familia fuera sometida a varios días de detención, separada unos de otros, y que fuera necesario que un equipo de abogados acudiera a un tribunal federal para conseguir su puesta en libertad».

La familia tuvo que pasar por una experiencia terrible al llegar al aeropuerto de Los Ángeles, donde fueron detenidos y retenidos en régimen de incomunicación durante más de 40 horas sin acceso a un abogado. Finalmente, fueron separados: el padre fue trasladado a un centro de detención en el condado de Orange, California, mientras que la madre y los tres hijos fueron embarcados en un vuelo con destino a Texas para ser internados en un centro de detención familiar. Fue necesaria una moción de urgencia presentada ante un tribunal federal por un equipo de abogadosque trabajaban de forma gratuitapara impedir que la esposa y los hijos fueran trasladados fuera del estado. La familia fue finalmente puesta en libertad condicional por el Gobierno cuatro días después de aterrizar en EE. UU. Se les permitió viajar a Washington —su destino original—, pero se les exigió que participaran en la entrevista de inspección diferida para determinar si podían permanecer en el país. Su destino pendía de un hilo, dependiendo de la decisión de la CBP.

«Aunque hoy celebramos la victoria de esta familia, este caso podría haber tenido fácilmente un desenlace muy diferente», afirmó Robert Blume, socio de Gibson, Dunn & Crutcher LLP, que colaboró con Public Counsel para representar a la familia ante el tribunal federal. «Tuvimos la suerte de enterarnos de la detención de esta familia, y tres de nuestros abogados se apresuraron a acudir al aeropuerto un sábado para impedir que la madre y los tres niños fueran subidos a un avión con destino a Texas, pero ¿y si no nos hubiéramos enterado? Se trata de un hombre que puso en peligro su seguridad en Afganistán al ayudar al Gobierno de Estados Unidos y, en lugar de una bienvenida, a esta familia la recibieron con una detención y estuvieron a punto de separarla».

A la familia se le concedieron los visados SIV debido al trabajo del padre en nombre del Gobierno de Estados Unidos en Afganistán, donde prestó servicio en una base de la Fuerza Aérea junto a personal militar y contratistas estadounidenses. Antes de concederles los visados, el cónsul de Estados Unidos sometió a un exhaustivo proceso de investigación y examen a los cinco miembros de la familia, incluidos el padre y la madre y sus tres hijos pequeños, de 7, 6 y 8 meses de edad.

«Estados Unidos tiene que ser un lugar de refugio si realmente quiere ser Estados Unidos», afirmó Mark Rosenbaum, director del programa «Opportunity Under Law» de Public Counsel. «Es lamentable que haya tenido que intervenir un juez federal para recordar a nuestro Gobierno que esta familia forma parte de nuestra familia».

Por el momento, la familia prefiere mantener su identidad en el anonimato. Tienen previsto retomar el proceso de integración en su nueva comunidad, ahora sin la amenaza de la deportación que antes se cernía sobre ellos.

«Nos preocupan profundamente las actuaciones del Gobierno en este caso», añadió Inlender. «Apenas existe supervisión sobre la CBP, que parece sentirse envalentonada para actuar sin tener en cuenta los derechos de las personas. Esto crea las condiciones para que se produzcan graves injusticias: si una familia que ha servido a este país durante años puede ser objeto de este trato, cualquier inmigrante corre peligro».

COBERTURA MEDIÁTICA:

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