Resumen

Ninguna persona debería ser penalizada simplemente por ser pobre. Sin embargo, con demasiada frecuencia, las personas con menos ingresos se ven obligadas a pagar multas y tasas muy elevadas por multas de tráfico y delitos civiles menores. Si no pueden pagar, pueden verse atrapados en ciclos de deudas, detenciones e incluso encarcelamientos. Las consecuencias pueden ser devastadoras: afectan a su futura empleabilidad, a la estabilidad familiar y a las comunidades en general. También se criminaliza a las personas sin hogar mediante restricciones a los campamentos y barridos que pueden dar lugar a multas y detenciones.

Public Counsel trabaja para poner fin a la criminalización de la pobreza a través de cambios en las políticas, litigios de impacto, y servicios directos y de promoción para hacer frente a las citaciones de tráfico menores, órdenes judiciales, citaciones de calidad de vida, multas relacionadas, y expulsiones.