LOS ÁNGELES, CA - 4 de mayo de 2022 - El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California (HCD, por sus siglas en inglés) ha sido demandado por los grupos de derechos de los inquilinos Alliance of Californians for Community Empowerment (ACCE Action) y Strategic Actions for a Just Economy (SAJE) por no proporcionar la cantidad total de ayuda para el alquiler prevista por la ley que establece el Programa de Ayuda de Emergencia para el Alquiler (ERAP, por sus siglas en inglés) del estado, poniendo a los inquilinos en mayor riesgo de desalojo y de quedarse sin hogar. ACCE y SAJE están representados por Western Center on Law & Poverty, Public Counsel y Legal Aid Foundation of Los Angeles.
Mientras las personas esperaban a que el sistema del HCD, a menudo oneroso, procesara las solicitudes, el HCD dejó de aceptar solicitudes abruptamente el 31 de marzo de 2022, dejando fuera a las personas que necesitaban asistencia después de ese momento, incluso cuando reunían los requisitos pero aún no habían recibido los 18 meses completos de asistencia para el alquiler. Específicamente, la demanda dice que el HCD no está proporcionando asistencia para alquileres o gastos incurridos después del 31 de marzo de 2022, incluso para los hogares elegibles que presentaron una solicitud ERAP antes de que se cerraran las solicitudes. Esto significa que los solicitantes que no podían pagar el alquiler de abril o más allá todavía podría enfrentar el desalojo, incluso si HCD aprueba su solicitud, derrotando así el objetivo de ERAP de prevenir el desalojo y la estabilización de los hogares.
"Cuando me enteré del programa ERAP, me puse muy contenta porque a mí me afectó el COVID-19 y perdí mi trabajo", dijo Dionicia Cipres, inquilina y miembro de SAJE. "Envié mi solicitud del ERAP y me aprobaron unos meses, pero me dejaron en suspenso febrero y marzo. Inicialmente había puesto los alquileres de abril y mayo en mi solicitud, pero cuando se anunció la fecha límite del 31 de marzo, esos meses no estaban incluidos y tuvieron que ser eliminados. No sé cómo voy a pagar junio porque no tengo ingresos fijos".
Mientras California estudia nuevas propuestas para combatir el sinhogarismo, el programa ERAP pretende evitar que las personas se queden sin hogar donde a menudo empieza: el desahucio. La decisión tan publicitada de los legisladores de que el ERAP cubra el 100% de la deuda de alquiler de un hogar que cumpla los requisitos es esencial para evitar los desahucios: los inquilinos serán desahuciados a menos que se resuelva toda su deuda de alquiler.
"Un desahucio es una letra escarlata para la mayoría de los inquilinos, pero especialmente para los inquilinos de bajos ingresos que tienen menos opciones", dijo Jonathan Jager, abogado de la Fundación de Ayuda Legal de Los Ángeles. "Si el programa ERAP se supone que debe prevenir la falta de vivienda, no tiene sentido proporcionar asistencia de una manera que todavía deja a los inquilinos vulnerables a ser desalojados."
Según la práctica actual del HCD, los propietarios pueden seguir recibiendo grandes pagos del ERAP mientras que
sus inquilinos sean desalojados por impago del alquiler de abril de 2022. La Encuesta del Pulso de los Hogares del Censo estima que el 32% de los hogares de inquilinos de California con solicitudes de ayuda al alquiler pendientes "no confiaban en absoluto" en su capacidad para pagar el alquiler de abril.
"La pandemia y sus repercusiones económicas aún no han terminado, en particular para los californianos con bajos ingresos: hemos oído decir a muchos inquilinos que no pueden pagar el alquiler de abril y más allá", dijo Greg Bonett, abogado de Public Counsel. "Que un inquilino se enfrente a un desahucio mientras el Estado envía un cheque a su casero es absolutamente desconcertante. Al cortar la ayuda al alquiler, la política del HCD está perjudicando en gran medida a los inquilinos de color y permitiendo a los propietarios cobrar y aun así desahuciar a sus inquilinos."
La demanda pretende obligar al HCD a anular inmediatamente las políticas que suspenden los pagos a los inquilinos por deudas acumuladas después de la repentina y arbitraria fecha límite del 31 de marzo de 2022, y a poner a disposición de todos los solicitantes que cumplan los requisitos los 18 meses completos de ayuda al alquiler.
"California recibió miles de millones de dólares del gobierno federal y tiene un superávit presupuestario estatal significativo - más que suficiente para mantener a las personas alojadas a través de ERAP", dijo Madeline Howard, abogado senior de Western Center on Law & Poverty. "En medio de una crisis de falta de vivienda y asequibilidad de la vivienda, el estado debe utilizar sus recursos para mantener a las personas en los hogares que ya tienen para no agravar la crisis."
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Public Counsel es un bufete de abogados sin ánimo de lucro y el mayor proveedor de servicios jurídicos gratuitos del país. Sirve a las comunidades locales y de todo el país promoviendo litigios sobre derechos civiles, abogando por el cambio de políticas y prestando servicios jurídicos gratuitos a miles de clientes cada año.
Legal Aid Foundation of Los Angeles (LAFLA) es un bufete de abogados sin fines de lucro que busca lograr la justicia equitativa para las personas que viven en la pobreza en todo el Gran Los Ángeles. LAFLA cambia vidas a través de la representación directa, el cambio de sistemas y el empoderamiento de la comunidad. Cuenta con cinco oficinas en el condado de Los Ángeles, cuatro centros de autoayuda jurídica en los juzgados de la zona y tres clínicas de violencia doméstica para ayudar a los supervivientes.
Western Center on Law & Poverty lucha en tribunales, ciudades, condados y en el Capitolio para garantizar la vivienda, la atención sanitaria y una sólida red de seguridad para los californianos con bajos ingresos, a través de la lente de la justicia económica y racial.
