Recurso contra las restricciones inconstitucionales impuestas por una orden judicial contra las bandas, que vulneraron los derechos de miles de angelinos

Durante años, cerca de 6.000 residentes de Los Ángeles vivieron sometidos a restricciones de toque de queda draconianas (muchas de las cuales les prohibían salir a la calle después de las 22:00 horas) debido a la creación y aplicación de 26 órdenes judiciales contra las bandas consideradas inconstitucionales. Los agentes de las fuerzas del orden podían añadir el nombre de una persona a una lista de órdenes judiciales contra las bandas prácticamente sin verificación ni supervisión alguna, notificarle la orden y restringir de forma significativa su libertad.

Estas órdenes judiciales no solo imponían toques de queda, sino que también restringían la libertad de reunión y de circulación, a menudo basándose en criterios vagos y generales, lo que, en la práctica, criminalizaba actividades cotidianas y afectaba de manera desproporcionada a las comunidades de color. La aplicación de estas órdenes judiciales solía dar lugar a acoso, detenciones indebidas y un miedo generalizado a las fuerzas del orden entre las poblaciones afectadas. Una vez incluidas en la lista, las personas tenían pocas posibilidades de conseguir que se eliminaran sus nombres. 

En 2009, Christian Rodríguez y Alberto Cazarez fueron detenidos en el centro comunitario que ellos mismos habían ayudado a construir en el complejo de viviendas Mar Vista Gardens. Estos jóvenes, beneficiarios de becas universitarias por méritos, habían sido calificados erróneamente como miembros de una banda por la Policía de Los Ángeles (LAPD). Como vivían en Mar Vista Gardens, el mero hecho de salir por la puerta de su casa los situaba en una zona sujeta a una orden judicial contra las bandas. Fueron detenidos por infringir el toque de queda de las 22:00 h impuesto por dicha orden judicial, a pesar de que, en aquel momento, la LAPD sabía que los tribunales de California habían declarado inconstitucionales esos toques de queda en 2007.

En 2011, Christian y Alberto impugnaron valientemente las disposiciones inconstitucionales sobre el toque de queda de la ciudad de Los Ángeles mediante una demanda colectiva federal. Estuvieron representados por Public Counsel, el abogado Olu K. Orange y el bufete Hadsell Stormer & Renick LLP.

En la demanda se alegaba que la redacción imprecisa de las cláusulas sobre el toque de queda incluidas en las órdenes judiciales daba lugar a un acoso policial discriminatorio y arbitrario, lo que vulneraba los derechos de los angelinos de los barrios afectados —cuya población era mayoritariamente negra o latina—. Estas condiciones opresivas impedían a los residentes visitar a sus familiares, buscar oportunidades laborales y avanzar en sus objetivos educativos y profesionales.

El juez Gee certificó una demanda colectiva federal con aproximadamente 6.000 miembros. Los demandantes alegaban que la disposición relativa al toque de queda daba lugar a un acoso discriminatorio y arbitrario contra las personas que vivían en los barrios en situación de desventaja socioeconómica de las zonas afectadas por la orden judicial.

En 2016, el Tribunal aprobó un acuerdo sin precedentes con el Ayuntamiento de Los Ángeles, por el que este se comprometía a invertir hasta 30 millones de dólares a lo largo de cuatro años en un programa de formación laboral y aprendizaje para los miembros de la demanda colectiva. Debido a las complicaciones y retrasos provocados por la pandemia de COVID-19 y a la escasa participación en el programa, la duración del acuerdo se amplió más allá del periodo inicial de cuatro años.

El acuerdo ofrece las siguientes prestaciones a los miembros del colectivo:

• Para un alumno o un familiar cercano: educación, formación profesional, servicios de inserción laboral o apoyo en su puesto de trabajo actual, con una ayuda económica disponible para determinadas partes de la formación.
• Servicios de eliminación de tatuajes.
• Todos los miembros del colectivo han quedado excluidos de la orden judicial contra las bandas, y la Policía de Los Ángeles (LAPD) ya no aplicará dichas órdenes contra ellos.

Los miembros del colectivo pueden solicitar las prestaciones del acuerdo de conciliación en: www.gangcase.com

ACTUALIZACIÓN, 8 DE MAYO DE 2024 – Un juez federal ha ordenado al Ayuntamiento de Los Ángeles que prorrogue indefinidamente el programa de empleo y educación creado como indemnización por las órdenes policiales injustas de toque de queda, mientras el programa se somete a una auditoría forense. La auditoría la llevará a cabo un auditor independiente, bajo la supervisión de un perito judicial, y tiene por objeto determinar los hechos relacionados con el gasto excesivo en la administración del programa, así como disuadir a los miembros de la demanda colectiva de participar en el programa mediante retrasos en la tramitación de las solicitudes y el reembolso a dichos miembros de los gastos cubiertos por el acuerdo.  Una vez concluida la auditoría, el perito judicial recomendará al tribunal las reformas oportunas.

Public Counsel volvió a llevar a la Ayuntamiento ante los tribunales tras descubrir que se estaba rechazando a personas y sometiéndolas a un proceso innecesariamente complicado para obtener las prestaciones del programa. Además, el programa gastó hasta tres veces la cantidad permitida en gastos administrativos, mientras que la gran mayoría de los miembros de la demanda colectiva no ha recibido nada del programa. 

Para obtener más información sobre esta resolución, el comunicado de prensa se encuentra aquí.

Cualquier persona que cumpla los requisitos para acogerse al programa creado en virtud del acuerdo y que tenga dificultades para beneficiarse plenamente del mismo debe ponerse en contacto con la línea de atención a los miembros del colectivo, en el número 310-997-0380, para recibir ayuda.

ACTUALIZACIÓN, 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024 – El Tribunal ha designado a la Honorable Winifred Y. Smith (jueza jubilada) como perito judicial especial, y a B. Riley Advisory Services como perito forense. La jueza Smith supervisará el examen forense que llevará a cabo B. Riley sobre el gasto municipal destinado al programa «Empleo y Educación», creado en el marco del acuerdo. El programa lo gestiona el Departamento de Desarrollo Económico y Laboral (EWDD) a través de parte de su red preexistente de centros WorkSource contratados.

La investigación forense dará cuenta de los aproximadamente 13 millones de dólares asignados al programa desde 2016-2017 y determinará la cantidad exacta gastada por la EWDD y sus Centros WorkSource en «gastos administrativos», tal y como se define dicho término en el Acuerdo de Conciliación, que establece un límite máximo a dichos gastos con el fin de garantizar que los fondos del acuerdo beneficien principalmente a los miembros del colectivo. Además, la auditoría investigará las denuncias de los abogados del colectivo sobre denegaciones y retrasos en la prestación de servicios (incluidos los reembolsos a los miembros del colectivo) debidos a problemas de asignación de fondos.